Con el fin de reparar y reestablecer los servicios de energía eléctrica, telecomunicaciones y data, tras el paso del huracán María por la Isla, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, firmó una Orden Ejecutiva para autorizar el paso a las servidumbres de energía eléctrica y de telecomunicaciones ubicadas en propiedad privada.
Con esta Orden Ejecutiva la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) y las compañías de telecomunicaciones, cable televisión y data, podrán utilizar los medios que estimen necesarios para acceder a las propiedades y reparas las averías.
“Los días 19 y 20 de septiembre de 2017, el huracán María hizo su paso por Puerto Rico, convirtiéndose en el fenómeno atmosférico más devastador en los pasados 80 años, tanto para la infraestructura local como para el suministro de servicios esenciales a la ciudadanía”, reza la Orden Ejecutiva.
“El grave impacto en ambos servicios esenciales, afecta directamente las necesidades básicas de la ciudadanía, pone en peligro la salud, el desarrollo económico, la seguridad nacional, y reduce la habilidad del Gobierno de Puerto Rico para atender la emergencia; así como los esfuerzos dirigidos a la recuperación y restablecimiento de dichos servicios”, agrega el decreto del primer ejecutivo.
La Orden Ejecutiva además establece que “el acceso inmediato a las servidumbres de energía eléctrica y de telecomunicaciones, ubicadas en propiedad privada, en especial las que ubican en la parte posterior de las propiedades, es imprescindible para que los empleados y contratistas de la AEE, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, y de las compañías de telecomunicaciones, cable televisión y data, logren la reparación y restablecimiento de los servicios de energía eléctrica, telecomunicaciones y data en todo Puerto Rico”.
Mediante este decreto, el mandatario ordenó al secretario de Seguridad Pública de Puerto Rico, a la secretaria de Justicia de Puerto Rico y a la jefa de los fiscales del Departamento de Justicia de Puerto Rico a que instruyan a los miembros de la Policía de Puerto Rico y del Ministerio Público, respectivamente, a no radicar cargos contra ningún funcionario, empleado o contratista de la AEE, JRT o Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos; ni a empleados y contratistas de las compañías de telecomunicaciones, cable televisión y data en Puerto Rico, que actúen dentro del marco de acción autorizado.