La Federación y la Asociación de Alcaldes no favorecen “tal y como está redactado” el proyecto de administración que crea un sistema de ayuda económica de emergencia tras el paso de los huracanes Irma y María mediante préstamos del gobierno central por considerar que es uno burocrático, los requisitos para el préstamo no son realistas, las métricas no son adecuadas y no cuentan con el dinero para pagar el mismo. El préstamo sería de un máximo de $5 millones por municipio para lo cual el Estado identificó $100 millones.
El presidente de la Asociación de los Alcaldes, Rolando Ortiz y su homólogo en la Federación, Carlos Molina, coincidieron con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que la distribución del dinero no sea mediante préstamo y que lo que se tome en consideración sean la población, nivel de pobreza y el impacto de los huracanes en los municipios. Asimismo, solicitaron que en vez de un préstamo sea una asignación de fondos directa porque los municipios a penas sobreviven para realizar sus pagos por tener grandes problemas de liquidez y continuar brindando servicios esenciales la ciudadanía.
“Si hay identificados $100 millones se deben distribuir tomando como criterio, población, nivel de pobreza y el impacto de los huracanes en los municipios. Desde el principio identificarlo, determinar la cantidad que toca a cada municipio y enviar el dinero. Esa es mi opinión”, dijo Rivera Schatz quien señaló que la identificación de fondos debe ser de forma directa y uniforme con los 78 municipios por lo que no descartó presentar un Proyecto Sustitutivo que pudiese ser aprobado la semana que viene.
Las expresiones se produjeron en vista pública de la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas que preside Rivera Schatz en la que se evaluó el Proyecto del Senado 822 presentado por Fortaleza a principios de febrero pasado. Ambos alcaldes concordaron con Rivera Schatz de que el proceso para solicitar el préstamo es “tortuoso”.
Ortiz opinó que la legislación se debe aprobar con criterios “que sean menos burocráticos a la gestión municipal” entre estos cualificar y ser recipiente de forma equitativa aún contando con la aprobación del préstamo federal “Community Disaster Loans” (CDL). También, sugirió establecer una fórmula basada en población y daños reportados a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para la aportación a recibirse por cada municipio.
“La situación es crítica y no se debe recibir una ayuda basada en proyecciones de dinero dejadas de recibir”, dijo el también alcalde de Cayey cuyo presupuesto anual es de $23 millones.
Por su parte, Molina señaló que los municipios necesitan el dinero inmediatamente y se debe distribuir de forma equitativa porque “no tienen para pagar nómina”. En el caso de Arecibo, municipio del cual es alcalde, antes de los huracanes recibían $275 mil mensuales del IVU y al día de hoy no llegan a $150 mil. Asimismo, recibían de las remesas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) de $500 mil a $600 mil pero actualmente llegan a $300 mil. “Eso te pone en la decisión ¿a quién le pago primero?», cuestionó.
Ante el reclamo de ambos alcaldes y de otros que participaron de la audiencia pública el presidente senatorial dijo que como parte de su propuesta evalúa distribuir equitativamente $1 millón por cada municipio para totalizar $78 millones y así ahorrarle al Estado $22 millones. Rivera Schatz reconoció que los gastos de los municipios son de más de $1 millón pero esta ayuda sería inmediata y directa y se evitaría la burocracia estatal que propone la Rama Ejecutiva mediante préstamos.
“Un préstamo es a ver si te lo dan después que (el municipio) recibió todas las remesas, fondos federales y (al demostrar) que no tiene otra opción entonces le darían el préstamo”, comentó el presidente del Senado a lo que el alcalde de Cayey dijo estar de acuerdo mientras que Molina dijo que “con una solicitud (de préstamo) no se resuelve el problema”.
El alcalde de Camuy, Edwin García Feliciano, dijo que la urgencia es para atenderla con prontitud y “no dentro de tres a cuatro meses” (en alusión al tiempo que puede tardar la aprobación del préstamo). A estas palabras se unió el alcalde de Maunabo Jorge Márquez Pérez al argumentar que si la ayuda tarda meses no sería una ayuda sino “un ejercicio de financiamiento”.
Los senadores presentes, incluyendo a José Nadal Power, acogieron las recomendaciones de los alcaldes que se dieron cita a la audiencia pública. Mientras el senador Carlos Rodríguez Mateo, quien fue alcalde, estableció que si la medida se aprueba tal y como está redactada votará en contra porque “no se debe estar reinventado la rueda… (La fórmula propuesta por el presidente del Senado) elimina la barrera burocrático y justicia tardía no es justicia. El Proyecto tal y como está redactado tiene mi voto en contra”.
Según la propuesta de la Fortaleza previo a que el gobierno acceda al préstamo el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) deberán certificar que les adelantaron a los municipios la totalidad de las asignaciones presupuestarias que les corresponden conforme al presupuesto gubernamental. La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y OGP serán los entes encargados de determinar las partidas presupuestarias de las cuales provendrá el capital para los préstamos.
El préstamo provendría del gobierno central con hasta un máximo de hasta $5 millones por municipio elegible, hasta totalizar $100 millones del presupuesto vigente. Al ser una asignación presupuestaria la Asamblea Legislativa tiene la potestad constitucional de distribuir el dinero e identificar cómo se haría por lo que Rivera Schatz dijo que el Senado no claudicará en su deber ministerial.
Los municipios serán elegibles para recibir la “Asistencia de Emergencia” una vez la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) certifiquen que tienen una necesidad “inminente” de liquidez causada por pérdida de recaudos a consecuencia de dichos huracanes y que han realizado un “esfuerzo razonable” para obtener financiamiento del gobierno federal a través del CDL. En caso de haberse aprobado la aplicación para el programa antes destacado deberán probar que las necesidades de liquidez exceden la cantidad del mismo.
En torno a la JSF, Rivera Schatz cuestionó si se opondrán a otorgar $1 millón a cada municipio cuando solicitaron un aumento en su presupuesto operacional de $20 millones porque “$60 millones no le dan”.
“Yo le digo que sí a los municipios el que le quiera decir que no que se lo diga. Yo no le quiero poner trabas a los municipios el que se las quiera poner que se las ponga. A mi me van a juzgar por lo que yo haga no por lo que yo tema. Tan sencillo como eso. La JSF puede hacer y decir lo que quiera y a mí no me importa. Ninguno de ellos han tenido la experiencia que han tenido todos los alcaldes y alcaldesas y legisladores de ir a ver la necesidad urgente de la gente que se quedó sin energía, sin agua, sin casa, sin ropa, sin medicamentos y sin esperanza”, añadió el presidente senatorial al recordar que el ente federal anunció que estaba dispuesta a liberar $1 billón del presupuesto tras el paso del huracán María.
A la audiencia pública asistieron la alcaldesa de Canóvanas (Lornna Soto Villanueva), el alcalde de Camuy (Edwin García Feliciano), el alcalde de Maunabo (Jorge Márquez Pérez) y el alcalde de Cidra (Javier Carrasquillo) mientras que el municipio de Mayaguez envió representación. Todos estuvieron a favor de la propuesta de Rivera Schatz.