A pesar de que la política del uso de la fuerza de la Policía de Puerto Rico es satisfactoria, la incidencia de muertes relacionadas al uso de la fuerza de la Policía estatal resulta proporcionalmente elevada, en especial en comparación con las cifras de muertes en estados donde la población puertorriqueña es más alta. Ese es uno de los hallazgos del informe titulado: «No se dispara de la baqueta», que Espacios Abiertos presentó y que también tiene el fin de analizar la política principal del uso de la fuerza por parte de la Policía de Puerto Rico.
Además del informe, Espacios Abiertos, en conjunto con Amnistía Internacional, presentó la herramienta de empoderamiento comunitario ‘Oficial, tengo derechos’, para que la ciudadanía pueda monitorear el comportamiento de la Policía y ejercer sus derechos ante el cuerpo de la ley y orden del Estado.
Lee el informe: No se dispara de la baqueta
“El informe analiza los datos de la Policía sobre muertes, mutilaciones y daños graves a manos de agentes de la Uniformada para los años 2015 y 2016”, dijo su autora, María Mari Narváez, de Espacios Abiertos. “Por ejemplo, 12 personas fallecieron en 2015 en incidentes relacionados al uso de fuerza de la Policía y nueve personas fallecieron en 2016, según los datos de esa agencia. También, 19 personas resultaron con mutilaciones o daños mayores en 2015 por incidentes relacionados al uso de fuerza de la Policía de Puerto Rico. En el año 2016 fueron 11 personas, según información provista por la Policía”.
Accede aquí a la herramienta digital «Oficial, tengo derechos«
Espacios Abiertos denunció que aún están pendientes los datos de 2017, pues la Policía no los publica y aún no ha contestado las solicitudes de información que a esos efectos se han realizado.
Los datos del informe del uso de la fuerza (No se dispara de la baqueta) dieron paso a que Espacios Abiertos y Amnistía Internacional de Puerto Rico formaran una alianza para desarrollar la herramienta ciudadana denominada «Oficial, tengo derechos»’. La iniciativa es producto de un proyecto iniciado en 2016 y que hoy alcanzará a toda la ciudadanía por vía del portal web OficialTengoDerechos.com
“Con este proyecto, queremos fortalecer las capacidades de todas las personas y comunidades, con particular énfasis en aquellas poblaciones que históricamente han sido más vulnerables a las intervenciones policíacas discriminatorias o excesivas, para que todos puedan conocer y reclamar sus derechos ante la Policía”, dijo Rubén Kondrup, de Amnistía Internacional PR.
“Saber ejercer nuestros derechos nos permite asumir un rol de supervisores ciudadanos de los funcionarios públicos”, añadió María Mari, encargada del proyecto en Espacios Abiertos.
“En el caso de la Policía, no se trata de funcionarios ordinarios. Son éstos los encargados de velar por la seguridad de la gente, con el deber de proteger sus derechos mientras son el brazo de fuerza del Estado. Un policía tiene la vida de la gente, literalmente al alcance de sus manos. No hay duda de que sus acciones tienen que ser altamente reguladas y supervisadas, tanto por el Estado como por la ciudadanía”.
Al abundar sobre el informe «No se dispara de la baqueta», Mari Narváez dijo que se comparan datos locales con algunos estados de Estados Unidos. “Tenemos una política de uso de fuerza de la Policía que cumple con seis de ocho criterios que establece Campaign Zero, organización que combate la violencia policíaca. Sin embargo, las estadísticas de incidentes relacionados al uso de fuerza de la Policía de Puerto Rico nos resultan altas cuando se comparan con las poblaciones de los tres estados con mayor población de puertorriqueños en Estados Unidos. Tenemos una política de uso de fuerza que en papel luce bien, pero hay una brecha entre la letra y la acción. Además, es preocupante la falta de datos completos y confiables”.
Si nos comparamos con los estados con más población puertorriqueña en EEUU: Puerto Rico ocupa la posición más baja con 2.6 muertes por millón de habitantes, después de Florida, que registra 3.5 muertes en el uso de fuerza de la Policía por millón de habitantes. El estado de Nueva Jersey, que sería el próximo más alto, registró 1.6 muertes por millón de personas. En el caso del estado de Nueva York, este registró 1.3 muertes por millón de personas.
Puerto Rico ocuparía la posición #17 en muertes por uso de fuerza de la Policía de Puerto Rico en relación a la población entre los estados de EE. UU. El estado con mayor incidencia es Nuevo México que registró 10.5 muertes por millón de personas. El estado mejor posicionado, Delaware, registró una muerte por millón de personas».
“Es tiempo de que la Policía demuestre que su compromiso con la constitucionalidad y la profesionalización de la Policía va mucho más allá de la intención”, aseveró Mari Narváez. “Ese compromiso tiene que ser con la seguridad y protección de derechos de todos los residentes de este país, sin distinción de raza, nacionalidad, procedencia social, color de piel, apariencia, identidades de género, preferencias sexuales u otros criterios discriminatorios”.
Espacios Abiertos, también, exigió a la Policía publicar estos datos para beneficio de toda la ciudadanía. “Es poca la información disponible porque los datos no se publican, y aún la poca información que se consigue, es de cuestionable confiabilidad. La información debe recopilarse de una manera sistemática y hacerla accesible proactivamente para que la gente y las comunidades podamos conocerla y evaluar la conducta y el progreso de la reforma de la Policía. La atención a los derechos individuales y las garantías constitucionales evita poner en juego el éxito del procesamiento judicial de los verdaderos delincuentes y de las personas que le faltan al País”.
El proyecto «Oficial, tengo derechos» comenzó en 2016 como un esfuerzo de alcance comunitario en Loíza, donde históricamente se han reportado muchos casos de intervenciones policíacas discriminatorias y abusivas. Es un proyecto enfocado en la rendición de cuentas de la Policía de Puerto Rico desde la perspectiva ciudadana y ha consistido de varios elementos: Reuniones con líderes comunitarios, líderes de organizaciones activas en Loíza, grupos focales con jóvenes de ese pueblo para auscultar el estado de las relaciones de las comunidades con la Policía. En esas reuniones y grupos focales se identificaron también las preocupaciones y necesidades específicas de las comunidades en su interacción y convivencia con la Policía.
“Fue con esa información que se creó el contenido tanto de los materiales como de los talleres. Desde el inicio queríamos asegurarnos que el contenido respondiera a las realidades de estas comunidades. Por lo tanto, esa etapa incluyó un periodo inicial de creación de confianza, establecimiento de relaciones y discusión de las colaboraciones”, explicó Kondrup.
La segunda etapa fue de producción y ofrecimiento de los talleres sobre nuestros derechos ante la Policía en Loíza y otros sectores como las escuelas de derecho y escuelas públicas mediante el programa Enlace de la Escuela de Derecho de la UPR. Los talleres tienen el propósito general de educar a miembros de esas comunidades sobre cuáles son sus derechos ante una intervención de la Policía en la calle, en su carro, en su casa, si es miembro de las comunidades LGBTTIQ, si es inmigrante o víctima de algún crimen. Sin embargo, también tienen el propósito de crear talleristas al estilo ‘Train The Trainers’. Así, más de 500 personas han tomado el taller y unas 66 (incluyendo estudiantes de Derecho) ya están adiestradas para ofrecerlo. Otro propósito de los talleres es atraer a comunidades afectadas por abusos policíacos a las redes de participación comunitaria y rendición de cuentas sobre la Policía, que componen ACLU-PR, Amnistía Internacional PR, Espacios Abiertos, GRUCORPO, entre otros.
“Nuestro propósito siempre estará vinculado a ampliar las redes de participación ciudadana”, explicó Mari Mari. “En este caso, es vital apoderar a las comunidades en la denuncia de los abusos policíacos y reclamar sus derechos ante la Policía en conjunto. Las redes pueden resultar en coaliciones estratégicas para trabajar de forma participativa y dar el espacio a las comunidades integrantes a definir sus prioridades y estrategias con el apoyo de organizaciones como las nuestras y otros aliados claves”.
Contexto histórico
Tras décadas de denuncias ciudadanas de brutalidad policíaca en Puerto Rico, el 5 de septiembre de 2011 el Departamento de Justicia federal publicó su Informe de hallazgos sobre la Policía de Puerto Rico, concluyendo que la Uniformada violaba los derechos civiles de los residentes de Puerto Rico de forma sistémica. El 17 de julio de 2013 el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia federal firmaron el Acuerdo para una reforma sostenible de la Policía, el cual tiene una duración de diez años y contiene 301 requerimientos con los que la Policía tiene que cumplir para lograr su reforma».