Lee la demanda: The Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico v. René Pinto Lugo et. al
Un grupo de abogados, organizaciones ciudadanas y sindicales presentaron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos, en la que cuestionan la ilegalidad de la ley federal PROMESA y solicitan, entre otras cosas, que se ordene una auditoría de la deuda pública de Puerto Rico.
Entre los demandantes figuran:
-
René Pinto Lugo
-
Movimiento de Concentración Ciudadana Inc. (VAMOS)
-
Unión de Empleados de Oficina y Profesionales de la Autoridad de Edificios Públicos (UEOGAEP)
-
Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctricas Inc. (UITICE)
-
Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA)
-
Unión de Empleados de Oficina Comercio y Ramas Anexas, Puertos (UEOCRA)
-
Unión de Empleados del Banco de la Vivienda (UEBV)
-
Unión de Empleados Profesionales Independientes (UEPI)
-
Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE)
-
Asociación de Inspectores de Juegos de Azar (AIJA)
-
Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE)
En su petición al Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, los demandantes solicitan que se declare la imposición de la Junta como un acto «ilegal, nulo e inconstitucional», en violación a la Declaración de Independencia de Estados Unidos, así como a la Primera, Quinta y Décimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, a la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
«Las circunstancias económicas actuales y la aplicación de la Ley PROMESA a Puerto Rico se deben considerar a la luz de la realidad en la que el pueblo de Puerto Rico ha estado en su relación con los Estados Unidos. Esa relación se ha basado en el control total de los Estados Unidos sobre la economía de Puerto Rico, en la medida en que Puerto Rico no ha podido llevar a cabo políticas socioeconómicas, comerciales y financieras libremente con el resto de los países del mundo, y más allá del sistema de tarifas y economía de mercado, comercial y financiera de los Estados Unidos. El control sobre la relación ha sido tal, que durante décadas la base local agrícola, comercial e industrial de Puerto Rico ha sido desplazada por empresas de los Estados Unidos», se indica en la demanda.
Así las cosas, el grupo de demandantes plantea que con la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal y Financiera, el Congreso y la Junta han privado a los ciudadanos de Puerto Rico de su derecho a la autodeterminación.
La demanda también solicita que se remuevan a José Ramón González y a Carlos García como miembros de la Junta debido a sus conflictos de interés, pues ambos presidieron el Banco Gubernamental de Fomento bajo la incumbencia del ex gobernador Luis Fortuño. Asimismo, solicitan que se dejen sin efecto todos los planes fiscales y sus negociaciones para el pago o ajuste de la deuda pública de Puerto Rico hasta tanto se haga una auditoría forense independiente que prohíba al gobierno puertorriqueño disponer de la totalidad o parte de la Autoridad de Energía Eléctrica e incluya al Gobierno de Estados Unidos como parte de esta demanda para que asuma todas las responsabilidades constitucionales y legales por la deuda pública de Puerto Rico. También se solicita que la Junta, sus miembros y contratistas devuelvan el dinero pagado por el gobierno de Puerto Rico.
Sobre la solicitud de auditoría, los demandantes argumentaron que la realización de una auditoría legal y forense de la deuda pública del gobierno de Puerto Rico es esencial para descifrar la verdad detrás de la deuda pública para cerciorarse de cuánto se debe legalmente y de que ciertos individuos, entidades privadas y sus aseguradoras podrían ser responsables por cualquier financiamiento ilegal provisto por Puerto Rico.
«El descuido de tal tarea, provocaría la impunidad en la emisión de la deuda pública de Puerto Rico y el uso de dichos fondos y dejaría a los tenedores de bonos, y en particular a los no institucionales que son los individuales y aquellos que sufran en el valor de sus bonos, sin recursos a la luz del estado de la economía de Puerto Rico y las perspectivas de no poder recaudar de sus inversiones de buena fe. Dicha indiferencia también dejaría a los delincuentes con libertad para disfrutar de los beneficios de sus acciones, y de continuar recorriendo el mundo financiero y comercial sin asumir ninguna responsabilidad y listos para continuar ejerciendo esas conductas y prácticas, cuando la próxima oportunidad toque sus puertas».