Un tribunal de distrito de Washington falló en contra del Departamento de Educación federal en una demanda presentada por 19 estados y el Distrito de Columbia, por la posposición indebida de una reglamentación de protección al deudor que protegería a los estudiantes de la prácticas depredadoras de las universidades.
Según la decisión emitida, la posposición de la aplicación de esa defensa fue impropia.
Según Bloomberg, bajo el gobierno de Barack Obama se creó la regla una vez se reveló públicamente que algunos colegios y universidades convencían a los estudiantes de tomar préstamos bajo falsas promesas de una educación y diplomas que le permitirían encontrar trabajo en sus campos de estudio. Sin embargo, en la realidad, muchas de esas certificaciones o preparaciones no eran reconocidas por los patronos prospecto, dejando a los graduados sin trabajo y con deudas que no pueden pagar.
Las normas de Defensa del Prestatario, como se les llamó a las reglas, cambiaron la normativa,para que en casos en que la universidad hubiese incurrido en estas prácticas, se pudieran perdonar los préstamos estudiantiles. En ese sentido, las normas requieren que las «instituciones financieramente riesgosas» estén preparadas para cubrir las pérdidas del gobierno en esas instancias, de acuerdo con el dictamen de 57 páginas del Juez de Distrito Randolph Moss.
Al posponer la fecha de vigencia de esas regulaciones, el Departamento de Educación privó a los estudiantes de «varios beneficios concretos que de otro modo habrían tenido», dijo el juez Moss.
«El remedio que buscan en esta acción, la implementación inmediata de las regulaciones de Defensa del Prestatario, restauraría esos beneficios». En ese sentido, el jues Moss citó una nueva vista para establecer remedios.
La normativa habría entrado en vigencia el 1 de julio de 2017, pero el gobierno retrasó la implementación en junio de ese año luego de que la Asociación de Escuelas Post Secundarias Privadas de California entablara una demanda impugnando la validez de la regla.
La Secretaria de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, dijo entonces que si bien su «primera prioridad» era proteger a los estudiantes, la administración de Obama había perdido la oportunidad de hacer las reglas bien. En octubre, su departamento restableció provisionalmente la fecha de entrada en vigencia hasta el 1 de julio de 2018, y luego, en febrero, lo pospuso de nuevo, ahora hasta el 1 de julio de 2019.
Moss determinó que todas esas demoras no eran válidas. Rechazó también varios argumentos de los abogados del gobierno, calificando a algunos de «no convincentes» y otros «inútiles». Su decisión también cubrió los reclamos de dos estudiantes-prestatarios en una demanda presentada en su nombre por el grupo de defensa del consumidor Public Citizen. La demanda de los estados se consolidó más tarde con ella.
El caso de los estados es Commonwealth of Massachusetts v. US Departament of Education de, 17-cv-01331,U.S. District Court, District of Columbia (Washington). El caso de los individuos es U.S. District Court, District of Columbia (Washington).