Los empleados de la Comisión Industrial de Puerto Rico podrían enfrentar el desahucio de la nueva sede a la cual fueron trasladados de un edificio enfermo, luego de que el propietario radicara una demanda por incumplimiento de pago, informó el presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales (AEG) de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), José E. Ortiz Torres.
La demanda por desahucio y cobro de dinero fue presentada por la empresa WMI, LLC propietaria del edificio ubicado en la calle César González en Hato Rey, donde antes ubicaba el Tribunal de Apelaciones.
La Comisión Industrial fue ubicada en ese edificio, una vez fue demandada por la AEG, por las condiciones insalubres y peligrosas en que se encontraba el edificio anterior que operaba sin tener el permiso de rigor que otorga el Cuerpo de Bomberos, poniendo en riesgo la vida y seguridad de todos los trabajadores.
La demanda civil número ST2018-CV09502 indica que la deuda asciende a la cantidad de $197,199.00 por los meses de agosto y septiembre de 2018. WMI, LLC presentó además, facturas por servicio de electricidad adeudado por $42,498.87 desde junio, cuando entró en vigencia el alquiler.
El contrato 2018-000033 registrado en la Oficina del Contralor señala que el arrendamiento de un área de 65,733 pies cuadrados comenzó a partir del 4 de junio de 2018.
La empresa arrendadora radicó el recurso legal en medio de un plazo de 30 días adicionales, plazo concedido por el Tribunal de Primera Instancia para que la Comisión Industrial culmine el traslado de todos los empleados.
Previo a esa concesión de tiempo, a la Comisión Industrial se le había otorgado 60 días, mediante un acuerdo de buena fe con la AEG, bajo la presunción de que sería tiempo suficiente para sacar a los trabajadores del edificio enfermo con hongo y otros múltiples problemas como cables eléctricos sueltos, techo por donde se filtra el agua y problemas con las salidas de emergencia. En ese plazo, los empleados debieron ser ubicados en la nueva sede, cuyo arrendatario demanda por el causal de desahucio ante el incumplimiento de pago.
Luego de transcurrido el término, los abogados del Departamento de Justicia, en representación de la Comisión Industrial, solicitaron al Tribunal 120 días adicionales, a lo cual se opuso la AEG y el Tribunal denegó. No obstante, durante una vista, se le concedió hasta el 12 de noviembre para cumplir el acuerdo de mudar a todos los empleados a la nueva sede.
Ortiz Torres hizo un llamado al secretario de la gobernación, Raúl Maldonado, para que intervenga y garantice un centro de trabajo apropiado y seguro a los empleados de la Comisión Industrial.