Descarga el documento: Jam v. IFC
En una histórica decisión emitida a finales del mes de febrero de este año, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que el Grupo Banco Mundial, así como otras organizaciones internacionales, pueden ser demandadas en tribunales en Estados Unidos. La votación fue de 7 a 1.
«Por mucho tiempo, el Grupo Banco Mundial se ha considerado inmune a cualquier forma de litigación. Esta decisión es un logro para muchas comunidades alrededor del mundo, que han enfrentado grandes obstáculos buscando que estas entidades respondan por el desarrollo de proyectos que afectan el ambiente, los derechos y la vida de las personas», comunicó la abogada Carla García Zendejas, del Centro para el Derecho Ambiental Internacional, a través de un comunicado.
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Según los demandantes en el caso Jam v. IFC, la decisión del Tribunal marca un momento clave para la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), el brazo del Grupo Banco Mundial que otorga préstamos al sector privado. Durante muchos años la IFC ha operado como si estuviese «por encima de la ley», promoviendo proyectos irresponsables que han causado graves violaciones a los derechos humanos de las comunidades locales, dejando que estas se defiendan por sí mismas.
En Jam v. IFC, varias comunidades indias de pescadores, representados por la organización EarthRights International, demandaron a la IFC en un esfuerzo para que la entidad respondiera por daños ocasionados por la implantación de la planta de carbón de Tata Mundra, construida en Gujarat, India, con un préstamo de la IFC.
Organizaciones internacionales como la IFC llevan declarando por años que tienen el derecho a operar con inmunidad «absoluta», aun cuando lleven a cabo actividades comerciales, pues recurren al estatuto que les concede la misma inmunidad que a los gobiernos extranjeros. Sin embargo, según la decisión, los gobiernos extranjeros no tienen inmunidad absoluta en los tribunales estadounidenses, cuando realizan prácticas comerciales.
Las comunidades afectadas originalmente buscaron reparación a través del mecanismo independiente de rendición de cuentas de la IFC, alegando que la IFC causó la pérdida de sus medios de vida y bienes, y que presentaba una amenaza a su salud. Si bien la Compliance Advisor/Ombudsman (CAO) encontró varios cargos de incumplimiento, la IFC rechazó en gran medida sus conclusiones.
Buscando un remedio adecuado, las comunidades presentaron una demanda en un tribunal federal en Washington, D.C. Tras la decisión emitida por el Supremo, el caso volverá a los tribunales inferiores para los litigios, en los que los demandantes todavía deberán demostrar que sus daños se basan en actividad comercial realizada dentro de Estados Unidos.
«Aunque el Tribunal Supremo falló en contra de la IFC, las instituciones financieras para el desarrollo deberían ver esto como una victoria. Lograr su misión de aliviar la pobreza extrema y mejorar la vida de las personas no significa simplemente invertir en proyectos; también significa tener formas sólidas y efectivas para que las comunidades obtengan un remedio cuando las cosas van mal», puntualizó García Zendejas.