Un juez de quiebras de la Florida está bajo la mirilla de la comunidad jurídica de ese estado, ya que presuntamente tiende a ordenar de forma abusiva la encarcelación de abogados y sus clientes.
Según un artículo publicado por el Daily Business Review, el juez John Olson de Fort Lauderdale ha ordenado el encarcelamiento de cerca de 10 personas, incluyendo dos abogados. Además ha impuesto penas severas a los abogados ordenando que paguen multas o prohibiendo que estos practiquen Derecho en la corte de quiebras.
Uno de las abogados encarcelados, Lawrence Wrenn se entregó luego de regresar de un viaje internacional y conocer que Olson había ordenado su encarcelamiento. El abogado entiende que Olson utiliza su poder de forma abusiva.
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Otra abogada que recibió una orden de detención fue Tina Talarchyk, quien dijo que no se presentó a una vista por motivo de una «condición grave de las encías» que padece su hija. En una moción judicial, afirmó que las acciones del juez «dan lugar a una apariencia de parcialidad, antagonismo, venganza y otras conductas judiciales inapropiadas».
Olson había ordenado que Talarchyk fuera encarcelada hasta que entregara los registros de una cuenta fiduciaria y pagara cerca de $11,000 dólares.
Un tema de debate es si los jueces de quiebras tienen los mismos poderes que los jueces del Artículo III para encarcelar a las personas. La mayoría de los tribunales han sostenido que los jueces de quiebras tienen el poder de emitir órdenes de desacato civil, donde se puedan evitar las sanciones con obediencia, pero que sí existe una división sobre su capacidad para encarcelar a alguien por desacato criminal.
Por otro lado, algunos afirman que el juez de quiebras debe primero presentar los hallazgos de hecho y las conclusiones de ley a un juez de distrito federal, antes de ordenar que alguien sea encarcelado.
Un litigante que planteó el tema fue Timothy Reardon, quien había luchado contra su abuso de sustancias antes de su muerte en abril pasado. Olson ordenó que Reardon fuera encarcelado y evaluado psicológicamente por unos mensajes amenazantes enviados a un socio de un bufete de abogados en violación de una orden judicial. Según Reardon, luego de ello, Olson ordenó la venta de los bienes de su compañía como castigo.