Los representantes José Enrique «Quiquito» Meléndez y Jorge «Georgie» Navarro Suárez presentaron el Proyecto de la Cámara 2280, que busca enmendar la «Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto» (OGP) y disponer que esta agencia desarrolle y brinde cursos y estudios continuos a toda persona nombrada o nominada por el Gobernador para ocupar un puesto o cargo que requiera o no la confirmación de la Asamblea Legislativa, o toda persona designada por el Gobernador para dirigir o presidir una corporación pública o subsidiaria de esta.
Según la pieza legislativa, OGP tendrá que desarrollar y ofrecer a los directivos de las agencias gubernamentales cursos en educación continua sobre los siguientes temas: formulación, administración, ejecución y control del presupuesto, evaluación y análisis gerencial y programático, auditoría operacional, gerencia administrativa, administración y recursos humanos, negociación colectiva y relaciones laborales, finanzas, gerencia, sistema de información y relaciones con la comunidad.
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Actualmente, la ley exige a los servidores públicos con funciones de supervisión a que asistan a adiestramientos anuales sobre temas de sana administración, pero no así a los jefes de agencia. La exposición de motivos de dicho proyecto indica que la Asamblea Legislativa ha impulsado múltiples leyes que buscan atajar la corrupción, y destaca la «Ley de Capacitación del Personal de Supervisión en el Servidor Público», que le requiere a todo funcionario gubernamental, con funciones y responsabilidades de supervisión directa, a que asista a adiestramientos anuales para el desempeño efectivo de sus funciones.
Sin embargo, el representante Meléndez expresó que dicha ley simplemente les exige no impedir que los funcionarios o empleados a su cargo cumplan con las horas contactos requeridas, y agregó que el desarrollo de esta nueva legislación surge tras los lamentables sucesos de corrupción que han continuado en los últimos años y que han sido relacionados directamente a los ejecutivos que han dirigido agencias de gobierno.
A su vez, mencionó que la publicación del estudio titulado: «Corrupción gubernamental y estrategias efectivas: La función del liderato gerencial en Puerto Rico», que fue realizado por los doctores José Javier Colón Morera y Héctor M. Martínez Ramírez, ayudó en gran medida a desarrollar la medida. Esta investigación y su publicación fue sufragada con fondos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, a través del Programa de Práctica Intra-Mural de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
Según indicó Meléndez dicho estudio demuestra que el liderato gerencial efectivo en las agencias del gobierno puede hacer una diferencia creando una cultura organizacional que rechaza la corrupción y que premia al empleado que tiene una auténtica vocación de servicio público, y reveló además que el gerente efectivo puede crear un clima de intolerancia a los pequeños desvíos de conducta que van escalando hasta convertirse en problemas mayores de corrupción de gran escala. Es por ello que, en aras de erradicar la corrupción gubernamental y ofrecerle más herramientas a los servidores públicos, se presentó dicho proyecto en Cámara, concluyó Meléndez.
Este proyecto que ordena que toda persona nombrada o nominada por el gobernador a ocupar un cargo público tendrá que tomar los cursos continuos en tales materias que ofrezca OGP, así como también cursos continuos de la Oficina del Contralor sobre el uso de propiedad y fondos públicos, dispone que tanto el gobernador como el comisionado residente quedarían excluidos de cumplir con estos requisitos.
Dicha medida que enmienda la Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y es de la autoría tanto del representante Meléndez como de Navarro, se radicó el día 3 de octubre, y fue referida a la comisión de Hacienda, Presupuesto y de Supervision, Administración y Estabilidad Económica de P.R. (PROMESA) de la Cámara el 7 de octubre.