La organización Espacios Abiertos (EA) presentó ayer un estudio económico que establece que el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal sobreestimaron los ahorros que traería el acuerdo validado por la jueza Taylor Swain con los bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).
Para el análisis denominado Efecto Cofina: quién gana, quién paga, el economista Daniel Santamaría Ots, analista senior de EA, examinó los seis planes fiscales que ha certificado la Junta desde la aprobación de la Ley Promesa y la conversión de los 171 bonos antiguos de Cofina, calculando su equivalencia en los nuevos bonos.
El experto apuntó a que los $17,500 millones de ahorros que el gobierno anunciara para justificar el acuerdo, «desafía a las leyes de las finanzas e ignora principios básicos de valoración de activos», puntualizó Santamaría Ots.
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Las proyecciones del gobierno sobre ahorros en el caso de Cofina se midieron, de acuerdo al estudio,»contra una promesa de repago del 100% que fue rota en el momento en que Puerto Rico entró en quiebra por su incapacidad de poder pagar su deuda». Asimismo, se establece que el problema principal de la sobreestimación tuvo como punto de partida los niveles de los precios que tenían los bonos las semanas antes de los huracanes. De acuerdo con el análisis, el gobierno y la Junta tomaron como referencia las subidas exorbitantes de los precios de esos bonos que ocurrieron posterior a los anuncios de subvenciones federales post desastre. «Ello debido a que los mercados incluyeron los efectos de la ayuda federal en sus precios», explicó.
«Asombrosamente para un deudor tan estrangulado como Puerto Rico con un bono en situación de impago, como era Cofina, pasó de valer cerca de 30 centavos por cada dólar semanas antes del impacto del huracán María a más de 50 centavos por cada dólar a mediados de 2018», expresó Santamaría Ots.
El análisis de Espacios Abiertos asevera que el resultado negativo del acuerdo de Cofina se debe también a que subestimaron los efectos de las medidas de austeridad fiscal y que la reestructuración de la deuda se hace de manera fragmentada, sin seguir los parámetros de sostenibilidad presentados en un estudio de la autoría de Martín Guzmán, Joseph Stiglitz y Pablo Gluzmann que publicara Espacios Abiertos en enero de 2018 y que establece la capacidad de pago de Puerto Rico entre $7,200 millones a $14,400 millones, equivalente a un alivio entre 80% y 90% de la deuda de $72,200 millones. El Análisis del alivio de la deuda necesario parra restaurar la sostenibilidad de la deuda de Puerto Rico presentado por EA y que fue publicado por el National Bureau of Economic Research (NBER) constituye el único análisis de sostenibilidad de deuda de Puerto Rico público posterior al impago y a Promesa, y ha sido refrendado como una autoridad por la comunidad de expertos economistas dentro y fuera del país.
Acorde con lo expresado ayer por EA mediante comunicado de prensa, «la fragmentación y las consecuencias de las medidas de austeridad se reflejan en los innumerables planes fiscales presentados, de los cuales se acabaron certificando seis, cinco de éstos en un solo año. Las constantes revisiones surgen a raíz de proyecciones de crecimiento del Producto Nacional Bruto (PNB) que no se materializan, así como de ahorros anticipados de las reformas estructurales y reducción de gastos gubernamentales, que tampoco se materializan. Además, del recorte de la ayuda federal prometida tras los huracanes Irma y María (cuyas estimaciones fueran incluidas en los planes fiscales), la inconsistencia en las proyecciones sobre variaciones poblacionales y el crecimiento económico estimado en el plan fiscal de octubre de 2018, datos que en su momento sirvieron de base para justificar la aprobación del acuerdo de reestructuración de Cofina haciendo caso omiso a las advertencias de expertos en economía».
Recomendaciones del estudio:
- Cofina no debe ser un referente para los futuros acuerdos de la deuda del gobierno central y la Autoridad de Energía Eléctrica y que deben cumplir con los criterios de sostenibilidad en los pagos de deuda pública recomendados en el estudio de Espacios Abiertos de 2018 y con los que coincide de manera abrumadora el consenso de economistas locales e internacionales.
- El resto de los procesos de reestructuración debe seguir un proceso coordinado e integral con una propuesta única que evite la necesidad de producir cambios constantes en los planes fiscales. Además, deben incluir el cese inmediato de las propuestas de austeridad fiscal descartadas por el consenso económico internacional debido a su absoluto fracaso y sus nefastas consecuencias que acentúan las crisis económicas, generan migraciones masivas y aumentan la pobreza y la inequidad en la población.
- Debe haber un cese de la sobreestimación de la reformas estructurales en el crecimiento del PNB real que no están teniendo efecto positivo en el crecimiento económico. Como vaticinaron antes los expertos y la propia Junta tímidamente comienza a reconocer.
“Insistimos en que los alegados impactos positivos de dichas reformas contradicen los principios básicos de teoría económica en el contexto de demanda agregada insuficiente que vive Puerto Rico”, finalizó Santamaría Ots.