[DOCUMENTOS] Vetan medida para eximir al pago de peajes

La gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced vetó la Resolución Conjunta de la Cámara 638 que tenía el fin de ordenar a que el Departamento de Transportación y Obras Públicas eximiera a los conductores del pago de peajes en las autopistas durante la emergencia declarada por el COVID-19.

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La gobernadora explicó en el Veto Expreso que inicialmente se implementó la medida al comienzo de la emergencia mediante la Orden Ejecutiva 2020-23 al proveerle a los ciudadanos un periodo de dos semanas en el que no tuviesen que pagar los peajes en las carreteras de Puerto Rico, pero la medida tuvo un impacto de alrededor de $6 millones en ingresos dejados de recibir.

Para Vázquez Garced, la firma de la medida representaría un impacto negativo sobre las operaciones de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), por lo que optó por no firmarla y vetarla. Por ende, la paralización del cobro de los peajes a los ciudadanos acabó el día 30 de marzo de 2020.

Según se indica en el veto expreso, la ACT había informado que la implementación de la medida hubiese generado una reducción en sus ingresos ascendente a $10.2 millones de dólares, mientras que en el caso de Metropista, el Puente Teodoro Moscoso y el Municipio de Guaynabo, hubiese sido de hasta 13.5 millones de dólares al mes, lo cual representaba un alto riesgo en reclamaciones contractuales en aquellas autopistas operadas bajo contratos de concesión.

Además, las medidas de distanciamiento social durante la emergencia han provocado una reducción en el tráfico y se ha traducido también en una merma de $3.4 millones de dólares en el cobro de peajes.

Sin embargo, y conforme a la Orden Ejecutiva 2020-29, se determinó que durante la vigencia de la orden, no se cobraron las multas por pasar algún peaje sin tener balance en su cuenta de Autoexpreso. La medida surgió porque los centros de recarga no estababn disponibles.

La medida legislativa de la autoría del representante José O. González Mercado había sido aprobada por ambos cuerpos legislativos de forma unánime y sin enmiendas, pero fue vetada el 17 de abril de 2020 por la gobernadora Vázquez Garced.

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