Cuatro abogados —entre ellos una constitucionalista, una penalista, uno con práctica en el tribunal federal y el portavoz del Ejecutivo— coincidieron en que el derecho constitucional de movimiento y expresión sigue vigente para las personas a pesar de la orden de distanciamiento social por COVID-19.
Sin embargo, no coincidieron en la forma y manera en que se podrían dar las manifestaciones.
La profesora constitucionalista, Yanira Reyes Gil, puntualizó a Microjuris.com que «una orden ejecutiva está muy por debajo de la Constitución».
La profesora Reyes Gil sostuvo que para que el Estado pueda restringir los derechos de expresión y movimiento tiene que existir un interés apremiante, pero que las manifestaciones que se están convocando durante la cuarentena, no violan la intención de de las órdenes ejecutivas de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, para que se guarde el distanciamiento físico.
«Las manifestaciones no violentan la intención de guardar distanciamiento físico. Se habla de caravanas, personas distanciadas o protegidas. No veo por qué eso violentaría la intención de la orden ejecutiva», sostuvo la profesora.
El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Osvaldo Soto, también respondió que el derecho constitucional de movimiento y expresión de los manifestantes prevalece a pesar de la pandemia por COVID-19 y la orden ejecutiva de la gobernadora Vázquez Garced.
«En la orden vigente que culmina el domingo no hay una expresión directa que prohíba la protesta. Se puede malinterpretar que la orden vigente establece una prohibición a la protesta. Si fuera así, ya hubiera ido a un tribunal cualquier organización o cualquier persona a que se solicitara se declarara inconstitucional», expuso Soto en conferencia de prensa.
Sin embargo, resaltó que la orden ejecutiva vigente establece los criterios específicos por los que se puede salir de la casa.
La abogada penalista, Wanda Valentín, señaló que no deberían haber arrestos durante una manifestación si se mantienen como se han convocado.
Valentín también sostuvo que el derecho no debería sobrepasar los derechos fundamentales de las personas. También resaltó que «las amenazas de resolver los asuntos con la radicación de cargos demuestran poca creatividad».
La licenciada Valentín resaltó la necesidad de que los líderes que se comporten conforme a derecho y actúen conforme a las garantías civiles de las personas. «Yo creo que es importante que nos tratemos con respeto intelectual en cuando a nuestras instituciones administradoras», sostuvo.
El licenciado John Mudd también explicó a Microjuris.com que, aunque hay un propósito legítimo en las órdenes ejecutivas de la gobernadora, la Rama Ejecutiva debe buscar «la forma menos onerosa para que (las personas) puedan llevar a cabo su derecho legítimo».
«Lo que hay que hacer es sentarse y establecer la forma en que se puede llevar esa manifestación. El derecho a la protesta tiene el propósito de evitar otros revoluces», sostuvo el abogado con práctica en el tribunal federal.
Mudd también resaltó que la gobernadora Vázquez Garced podría levantar la doctrina de Jacobson v. Massachusetts (1905), que establece el police power del Estado para establecer límites cuando existe una epidemia.
«No quiere decir que suspendes, pero puedes limitar. Yo espero que el tribunal federal o el de Puerto Rico se exprese sobre esto», sostuvo.
Las expresiones de los abogados surge a la vez que el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, le solicitó a los secretarios de Justicia en los estados y los territorios que «estén atentos a las directrices estatales y locales que podrían estar violando los derechos constitucionales y las libertades civiles de los ciudadanos (…) La Constitución no se suspendió por la crisis«.
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