La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y el capítulo de Puerto Rico radicaron una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por violaciones a la primera enmienda en las dos leyes recientes contra noticias falsas o fake news en Puerto Rico.
Las leyes criminalizan compartir información que el gobierno considere falsa sobre las emergencias en Puerto Rico. Los violadores podrían enfrentarse a hasta tres años de cárcel y a una multa de hasta $5 mil.
La demanda fue radicada a nombre de los periodistas Sandra Rodríguez Cotto y Rafelli González Cotto, que temen que las leyes se usarán para castigarlos por sus reportajes sobre el COVID-19.
Los demandantes argumentan que las leyes violan sus derechos constitucionales a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el debido proceso de ley. Además, procuran una orden judicial que impida la aplicación de las leyes.
«Durante tiempos de crisis, como la pandemia a la que ahora nos enfrentamos, la gente necesita recibir más información sobre cómo su gobierno está operando», dijo la demandante Rodríguez Cotto.
«La prensa tiene que ser libre para ejercer su trabajo, sin miedo a represalias del gobierno. Estas leyes le colocan una barrera importante a la información de interés público y al debate que debe poder llevarse a cabo», agregó.
La ACLU argumenta que las leyes de Puerto Rico contra fake news viola la Primera Enmienda y la Cuarta Enmienda «por su terminología imprecisa y alcance tan amplio».
«Una sociedad libre y democrática depende de una prensa libre, especialmente durante tiempos de emergencia», dijo Brian Hauss, abogado del proyecto de expresión, privacidad y tecnología de la ACLU.
«Estas leyes contra ‘fake news’ violan el principio cardenal de la Primera Enmienda, el cual establece que no puede confiársele al gobierno la regulación del diálogo sobre asuntos de interés público», agregó.
La ACLU añadió que la transparencia es manera más efectiva de combatir la desinformación.
El director ejecutivo de ACLU Puerto Rico, William Ramírez, planteó que «estas leyes solo sirven para alentar el temor en aquellos que exigen respuestas y un gobierno limpio. Deben ser tildadas como ofensivas a la primera enmienda y al gobierno democrático».
Sandra Rodríguez Cotto es la anfitriona de un programa de radio unionado y es la redactora de «En blanco y negro con Sandra».
Rafelli González Cotto ha publicado numerosos escritos sobre la respuesta de Puerto Rico ante el brote de COVID-19. Como resultado de las leyes, teme ser enjuiciado y sus fuentes han parado de compartirle información.
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