Las mascarillas no violentan el derecho a la confrontación, según el Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) decidió que el uso de una mascarilla protectora por darte de un testigo no infringe los parámetros constitucionales que impone el derecho a la confrontación en el contexto de la pandemia.

Descargue la decisión del Tribunal Supremo

La jueza Mildred Pabón Charneco escribió la opinión de la corte y expresó que la controversia que surgió en el caso de Daniel Cruz Rosario permitió que el Tribunal Supremo examinara la cláusula de confrontación.

“Nos brinda la oportunidad de expresarnos sobre las medidas cautelares de prevención que pueden establecer los tribunales, de manera que se logre un balance entre el interés del acusado de confrontar a los testigos de cargo y el interés general de proteger a los testigos y demás participantes de los procesos judiciales de un potencial contagio con el virus”, destacó la jueza ponente.

CONTEXTO

La decisión sobre el uso de las mascarillas entre los testigos surge luego que el 16 de junio de 2020, un Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución donde señaló vista del juicio para atender un cargo menos grave contra Daniel Cruz Rosario.

El foro de instancia promovió el uso del sistema de videoconferencias de la Rama Judicial para la celebración de la vista.

Sin embargo, el recurrido se opuso y solicitó que el juicio se celebrara de forma presencial.

Además, solicitó que no se les permitiera a los testigos declarar con mascarillas protectoras dado que esto vulneraba su derecho de confrontar a los testigos de cargo y que tal derecho acarrea el que estos declaren sin ningún objeto en la cara.

La defensa basó su argumento en que la mascarilla afecta la apreciación del comportamiento de los testigos. Luego de que el Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la solicitud presentada, Cruz Rosario acudió al Tribunal de Apelaciones.

El 3 de julio de 2020 el foro apelativo intermedio emitió una sentencia revocatoria. Apelaciones sostuvo que el derecho a la confrontación comprende la observación del comportamiento del testigo y que el uso de mascarillas impide al juzgador de hechos contar con todos los elementos necesarios para otorgarle credibilidad más certera al testigo.

El 29 de julio de 2020, el ministerio público presentó ante el Tribunal Supremo un recurso de certiorari y le acompañó una moción en auxilio de jurisdicción.

El ministerio público expuso al Tribunal Supremo que Apelaciones erró al revocar al Tribunal de Primera Instancia y al sostener que los testigos deben declarar sin mascarillas —aún cuando las instrucciones médicas y gubernamentales son su utilización de forma obligatoria debido a la pandemia—, fundamentado en que con ella se coartan derechos constitucionales del acusado.

“De esta forma no validó el interés apremiante del Estado en mantener y preservar la salud de todos los ciudadanos y no catalogó la mascarilla como una herramienta importante para atender ese referido interés”, explica la decisión del Tribunal Supremo.

El derecho a la confrontación fundamentalmente tiene tres vertientes procesales: (1) derecho al careo o confrontación cara a cara con los testigos adversos, (2) derecho a contrainterrogar y (3) derecho a excluir la prueba de referencia que intente presentar el ministerio público.

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