Por Daniel Rivera Vargas
El profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), William Vázquez Irizarry, destacó al menos cinco puntos que están sobre la mesa y que pudieron afectar los procesos electorales.
- La pandemia por COVID-19
- La nueva ley electoral
- Los retos administrativos en la Comisión Estatal de Elecciones
- Los recursos de la Comisión Estatal de Elecciones
- La cantidad de partidos (el profesor aclara que en la medida en que hay más partidos y más protagonistas electorales, aumenta de forma casi natural las posibilidades de que surjan controversias)
De acuerdo con el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, los pleitos electorales que han surgido durante y después de la contienda de 2020 deberían motivar a que la próxima Asamblea Legislativa analice el reto electoral desde temprano en el cuatrienio y considere los diversos factores que afectaron el proceso electoral, pero sin limitarse a culpar la entrada en vigor del nuevo Código Electoral.
En aras de que hayan menos controversias en el próximo ciclo electoral, dijo el profesor, la próxima Asamblea Legislativa debería comenzar a trabajar temprano en el cuatrienio con los cinco puntos que se mencionaron al principio: la pandemia por COVID-19, la nueva ley electoral, los retos administrativos en la Comisión Estatal de Elecciones, los recursos de la Comisión Estatal de Elecciones y los partidos.
La propuesta del profesor
«Creo que lo que debería hacer la Asamblea Legislativa es identificar qué rol tuvieron estos elementos en los problemas que hubo. Hay quien diga que esto fue problema de fondos. Hay quien diga que fue un problema de administración y hay quien podría decir, sobre todo esto, había una pandemia, que es un escenario extraordinario y crea unos problemas para los cuales no hay solución dentro de un esquema regular en el manejo de las elecciones», sostuvo el profesor.
«Todo esto hay que discutirlo y las soluciones pueden ir en diferentes ámbitos», señaló.
Algunas de las opciones que mencionó el profesor son:
- trabajar en la Ley Electoral
- considerar los recursos que tiene la comisión
- no esperar a que inicie un nuevo ciclo electoral para atender los retos
«No digo que se culmine el próximo año, pero debería comenzar el próximo año porque una vez inicie el proceso electoral, se reactiva la desconfianza», sostuvo el profesor.
«Es una cosa que debe ser prioridad. La Asamblea Legislativa definitivamente debería examinar todo el proceso electoral, desde las primarias, hasta las controversias post electorales. Y lo digo un poco para separar el grano de la paja. Hay personas que le van a atribuir todos los problemas a la nueva Ley Electoral y definitivamente habrá problemas que uno pueda vincular directamente a la ley, pero puede que haya otros que no tengan que ver con eso», agregó.
7 casos ante el Supremo durante el 2020
El también exsecretario del Departamento Justicia evaluó la cantidad de pleitos legales en las pasadas dos contiendas electorales y confirmó que se han reportado más casos judiciales —al menos, ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico— en el 2020.
A semanas de que termine el escrutinio general, ya siete casos han llegado ante el Supremo para ser evaluados, frente a los cuatro casos que se dieron en la contienda de 2016.
Las cantidades que señala el profesor se dan entre verano y diciembre de 2016 y 2020, respectivamente, y solo contemplan los casos que fueron considerados ante el Tribunal Supremo. No incluye los casos que pudieron o pueden seguirse viendo en los tribunales de primera instancia y apelativo, aclaró el profesor.
Al examinar específicamente los casos de 2020, Vázquez Irizarry explicó que «en los casos de verano para acá, hay casos puramente procesales, de asuntos técnico electorales, que tiene que ver con interpretar normas de ley, como recusación, validar identificación por voto por correo, recalendarización de recusaciones. Hay una serie de casos que son así de carácter técnico”.
La controversia plebiscitaria
Para el profesor, una de las controversias importante que pudo generar derecho es la decisión que valida la consulta de estatus sobre la estadidad.
Se trata del caso Aponte Rosario v. C.E.E.
“De carácter constitucional, y te puedo decir que van a seguir siendo claves, el caso de Aponte Rosario, el caso de la consulta de estatus, 2020TSPR119, donde se estaba discutiendo la constitucionalidad de la consulta de estatus, hay una opinión del juez (Rafael) Martínez en el caso donde un poco valida como fin público una consulta de estatus que esté dirigida o que gira sobre la opción de la estadidad, sobre únicamente la opción de la estadidad. Y ¿por qué eso cobra mucha importancia? Por todo lo que se está discutiendo en estos días sobre la posibilidad de que se apruebe una sesión extraordinaria de que haya una consulta el próximo año y de que va a haber legislación para aprobar delegaciones congresionales. Este caso va a ser un punto de referencia sobre cualquier controversia que surja sobre eso», sostuvo el profesor de derecho constitucional y administrativo.
El rol del Supremo en las controversias
«Siempre hay una oportunidad para hacer una reflexión sobre el rol del Tribunal Supremo en estas controversias… El balance que hay que hacer entre dejar que los casos corran un proceso normal y aquellas en las que debe intervenir de forma directa y temprana el Tribunal Supremo, esto dentro del mecanismo de certificación. Y estos son casos que generan un espacio de reflexión, porque sin lugar a duda, varias de estas controversias requerían una solución pronta, eso es indiscutible», señaló el profesor.
Sin embargo, expuso que siempre habrá que evaluar la naturaleza de la controversia y si tiene un carácter cargado en términos políticos.
En esos casos, Vázquez Irizarry aconseja mayor cautela en cómo se manejan estos casos y cómo se expresan todos los jueces «porque hay un costo que definitivamente paga el tribunal en términos institucionales cuando no se tiene la cautela adecuada».
Para el profesor, el mayor efecto está en la legitimidad y la confianza pública en la institución.
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