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Cuestionan constitucionalidad de seis intentos para reválida

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Una exalumna de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) está cuestionando ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico la constitucionalidad de los seis intentos que están disponibles para tomar el examen de reválida.

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Se trata de Marilyn Navarro-Colón, de 55 años, que obtuvo su título Cum Laude en el 2001.

La demandante alega que se le está privando de sus derechos de propiedad y libertad para ejercer su profesión, a base de la Regla 5.8.1 del Reglamento adoptado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico para la Admisión al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría.

Este reglamento prohíbe tomar el examen más de seis ocasiones.

No siempre fue así

Inicialmente, las personas podían tomar el examen de abogacía cuantas veces lo necesitaran.

Esta situación cambió entre 1983 y 1984, cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó el reglamento que limitó el número de veces que un aspirante podía tomar el examen de abogacía.

En febrero de 1986, el Tribunal Supremo adoptó una norma que limitaba a seis el número de veces que un aspirante podía hacer el examen de abogacía. Esto fue mediante la Regla 5.8.1 del Reglamento adoptado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico para la Admisión al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría.

La Regla 5.8.1 fue confirmada por el tribunal federal en Feliciano v. Tribunal Supremo de Puerto Rico.

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Tiempo después, la Ley 88 de 2010 prohibió a las juntas examinadoras de cualquier otra profesión limitar el número de oportunidades para tomar un examen de admisión.

Sin embargo, el inciso c de la ley establecía que las disposiciones de la misma «no se aplicarán a la profesión de abogado.»

La demandante alega que el propósito de la exención era mostrar la cortesía de la autoridad del Tribunal Supremo de Puerto Rico para regular la admisión a la abogacía.

El 22 de agosto de 2012 la Asamblea Legislativa de Puerto Rico enmendó la Ley 88 para añadir que «se insta al Tribunal Supremo de Puerto Rico a que tome conocimiento de la intención legislativa expuesta en esta sección y revise las normas y reglamentos de la Junta Examinadora, para determinar si sería prudente que los candidatos al examen de abogacía tengan oportunidades ilimitadas para tomar y aprobar el mismo«.

Pero el Poder Judicial de Puerto Rico no revisó su reglamento.

Solicitudes al tribunal

La demandante solicitó que se declare que el límite de seis veces establecido por la Regla 5.8.1 es inconstitucional.

También solicita al tribunal que emita una sentencia declaratoria expresando que los procedimientos utilizados por la Junta de Examinadores para seleccionar y calificar las preguntas del examen de la reválida son arbitrarios y contrarios a los intereses de libertad y propiedad del demandante en virtud de la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

La demandante solicitó que se declare que los procedimientos actuales utilizados por la Junta Examinadora para seleccionar y calificar las preguntas del examen de abogacía son inconstitucionales.

A partir de la declaración, la demandante solicitó que se dicten medidas cautelares, prohibiendo que se aplique el límite de seis veces y ordenando que se adopte un proceso racional y uniforme para la selección y calificación de las preguntas del examen de reválida.

Derechos ante el tribunal

La demandante sostiene que tiene un derecho de propiedad a ejercer su profesión protegido por las Cláusulas de Debido Proceso e Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda.

«En el caso de Puerto Rico, los procesos seguidos por la Junta Examinadora no son uniformes, ni resultan en una evaluación justa de los estudiantes. La dificultad de las pruebas varía mucho de un examen a otro. Las preguntas son redactadas de manera aleatoria por diferentes examinadores, que pueden variar de un año a otro. La selección de las preguntas es subjetiva. Los procesos de corrección son realizados igualmente por diferentes personas, que pueden variar en la forma de ponderar los componentes de las respuestas», sostiene la demanda.

Más sobre la demanda

El caso está ante el jueza Francisco A. Besosa en el tribunal federal.

El 25 de junio de 2021, el juez Bebosa le ordenó a las tres escuelas de derecho en Puerto Rico que se presentaran como amigas de la corte con sus comentarios sobre la controversia. 

El 2 de agosto, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde se graduó Navarro-Colón, presentó su recurso como amiga de corte.

«Nos unimos a la demandante en la solicitud de que este Honorable Tribunal emita una sentencia declaratoria que establezca que los procedimientos utilizados por la Junta Examinadora para corregir, calificar y calibrar la reválida son arbitrarios», sostuvo la Escuela de Derecho de la PUCPR.

La escuela solicitó al tribunal que ordene a la Junta Examinadora y el resto de los grupos demandados que revelen el estudio sobre estándares que encargó la Oficina de Administración de Tribunales (OAT).

«Creemos que esta información proporcionará la tan necesaria apertura y aclaración, y beneficiará a nuestros estudiantes y ex alumnos», sostuvo la escuela. 

Existe una vista programada para el 10 de septiembre de 2021.

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