A dos años de la implementación de la reforma de compras que puso en vigor la Administración de Servicios Generales (ASG) para reestructurar todos los procesos de adquisiciones gubernamentales, se ha centralizado el 98% de las agencias del Gobierno de Puerto Rico.
“Cuando se aprobó la ley en el 2019 no se tenía la asignación de fondos para ejecutarla. Durante el próximo año fiscal (2020), la Junta de Supervisión Fiscal autorizó la asignación de fondos para la ejecución, y hemos estado en procesos de transiciones hasta llegar a lo que tenemos hasta el día de hoy, en donde tenemos el 98% centralizadas con la discreción de Educación. Eso ayuda a contestar cuánto gasta cada agencia, qué es lo más que se adquiere, qué es lo más que se gasta que es seguro, y ese tipo de cosas ayudan a tomar decisiones transparentes”, destacó en entrevista con Microjuris la administradora de la ASG, la licenciada Karla Gabriela Mercado Rivera.
Del 98% solo faltaría Educación, que por virtud de una orden ejecutiva, deja el proceso de subasta y compra en manos del departamento. Y es que, la funcionaria recordó que el gobernador Pedro Pierluisi extendió esa orden ejecutiva hasta el próximo 31 de diciembre.
“Actualmente, el DE está en un periodo de transición debido a que se encuentra cumpliendo con una serie de condiciones especiales impuestas por el Departamento de Educación federal. Como parte de dichas condiciones, se le requirió al DE la contratación de un síndico para la supervisión y manejo de los fondos federales que recibe dicha entidad”, reza la orden firmada por el Primer Ejecutivo.
Una lupa a los gastos
La también Principal Oficial de Compras del Gobierno de Puerto Rico comentó que antes no se conocía con precisión cuáles eran los principales gastos de cada agencia. Por lo que, el Gobierno incurría en gastos innecesarios y el proceso de compra no era transparente.
“La Reforma de Compras básicamente lo que hace es centralizar las adquisiciones de los bienes y servicios del gobierno central. Esta reforma surge porque en Puerto Rico no se sabía que se estaba comprando ni cuánto se estaba gastando en cada cosa que se compraba o se adquiría. Yo podía estar pagando un servicio en una agencia de gobierno a $25 como, por ejemplo: guardias de seguridad especializados. Pero, en otra estar pagando $45, aunque fuese exactamente el mismo servicio con el mismo alcance. Asimismo, sucedía con los productos. Esto es el resultado de realizar compras descentralizadas y además del sistema de compra, falta un sistema financiero centralizado”, agregó.
La ASG es la entidad de la Rama Ejecutiva responsable de establecer la política pública relacionada con las compras de bienes, obras y servicios no profesionales para las entidades gubernamentales y entidades exentas, además de ser la entidad responsable de implementar centralización de las compras gubernamentales.
Precisamente, en junio de este año la ASG proyectó ahorros de $100 millones gracias a la nueva reforma de compras. Mercado Rivera confirmó que el nuevo informe de gastos y plan anual de adquisiciones saldría el 7 de enero de 2022.
“La falta de un sistema financiero ha traído muchas consecuencias en Puerto Rico, como por ejemplo, que al sol de hoy no se tenga ni se pueda tener estados financieros auditados porque para recopilar los datos de todos estos auditores es un misión extremadamente ardua, por no decir imposible. Así que, en ese sentido, se creó esta legislación para centralizar las compras. Pero, no es que se va a estar comprando a cada agencia cuando se necesite una cosa en particular, sino que será un estudio que se compre de manera recurrente para hacer las subastas con catálogo de servicios para poder adquirirlo de manera rápida”, agregó la funcionaria.
Asimismo, Mercado Rivera aseguró que el sistema de compras es indispensable porque a través de ese sistema las peticiones se canalizan en un solo portal. De igual forma, explicó que ese sistema tendría la capacidad de identificar las subastas y contratos que no fueron adjudicados.
“Logrando que centralizar el costo, y “ver cuánto se está gastando por cada servicio. Esto ayuda a que las compras y adquisiciones sean públicas, tanto el proceso de cómo adquirirlo como el proceso de poder fiscalizar qué y cómo están comprando las agencias”, dijo Mercado Rivera, quien indicó que el sistema de compra no debería eliminar la Junta de Subastas.
Para la funcionaria se hace necesario, cuando se adjudican subastas de cierta cantidad de cuantías, que se expliquen los criterios que se utilizaron con una razón justificada.
“Ahí pues la Junta de Subasta funciona como un panel de Tribunal de Apelaciones. La agencia hace la petición, se recomienda un comité evaluador. El comité evaluador lo evalúa, se hacen todas las recomendaciones específicas necesarias, conforme a la necesidad se hace un informe a la junta de subasta, y conforme a eso se verifica que se haya cumplido todos los procesos y otras normativas del derecho aplicable, y hace una adjudicación final en una resolución justificada. Esa parte no hay sistema que lo sustituya porque hay ciertas cosas que un sistema no te puede identificar. Si nosotros dejamos esos temas a un sistema, hay otras cosas que no son tan objetivas como un número”, destacó.
El nuevo proceso de compras se establece en la Ley 73 de 2019, Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de Compras del Gobierno de Puerto Rico, la cual busca simplificar la estructura reglamentaria para efectuar las compras gubernamentales y estimular la participación de nuevos licitadores.
Esta semana ASG informó a través de un comunicado de prensa que expulsó del gobierno a las empresas que están vinculadas a los acusados de corrupción por las autoridades federales en los últimos diez días.
Según declaraciones de la Principal Oficial de Compras del gobierno de Puerto Rico, la exclusión incluye a las empresas J.R. Asphalt, Waste Collection Corp. y Max Law PSC como suplidores de servicios del gobierno central.
La empresa J.R. Asphalt pertenece a Mario Villegas-Vargas, quien fue arrestado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), por el alegado pago de sobornos al entonces alcalde de Cataño, Felix “El Cano” Delgado a cambio de contratos por casi $10 millones.
La empresa Waste Collection Corp. también se encuentra vinculada al esquema de corrupción y sobornos en el municipio de Cataño, mientras que la firma Max Law PSC pertenece a Oscar Santamaría Torres, quien se declaró culpable de corrupción como parte de un acuerdo con la Fiscalía federal en Puerto Rico.