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COLUMNA – No disparen al mensajero

El licenciado Jaime Sanabria (ECIJA-SBGB) ofrece su opinión a Microjuris sobre la decisión de los periodistas de proteger sus fuentes informativas.

Por el licenciado Jaime Sanabria (ECIJA-SBGB)

Si los individuos no suelen cambiar en sus comportamientos esenciales, las especies tampoco.

Un elefante siempre se comportará como un elefante; una ameba como una ameba; pero los humanos, a pesar de atribuírsenos racionalidad, como la mayor de nuestras singularidades, tampoco hemos variado nuestros comportamientos primigenios, por mucha evolución tecnológica sobrevenida, y aunque hemos modificado hábitos, relaciones, miradas o tempos, las urdimbres universales que nos caracterizan, como especie, se mantienen firmes.

Disparar al mensajero ha constituido una práctica común desde que se tienen registros escritos. En cualquiera de las culturas, en mayor o menor medida, en virtud del grado de totalitarismo de los gobernantes, se ha impuesto el silenciar al mensajero que portaba noticias, comunicados, ultimátums o nuevas reglas que pudiesen atentar contra lo establecido como mecanismo de preservación del poder.

Aunque ya Julio César, pionero en tantas cosas, fue el primero en reconocer el valor de la opinión pública, no fue hasta la invención de la imprenta cuando se dispuso de un modo de comunicación capaz de llegar simultáneamente a un público numeroso y, aunque los primeros periódicos europeos datan del siglo XVII, no fue hasta el XIX, en particular a finales del mismo, cuando tanto en los EE.UU. como en Europa se produjo el desarrollo exponencial de los medios escritos, como una reconocimiento oficial del rol de mensajero, con la salvaguarda de la libertad de opinión que supuestamente defendía y defiende el periodismo.

El periodismo, ese cuarto poder que ha hecho zozobrar, incluso, a presidentes de los EE.UU. y a tantos otros gobernantes del planeta a lo largo de su historia; el mismo cuarto poder que crea tendencia ideológica, capaz a su vez de moldear la opinión pública, de permanecer avizorante para señalar irregularidades o corrupción en cualquiera de sus gradaciones, de habitual dispuesto a airear las vidas ajenas, proclive a recoger las firmas de librepensadores y no tan libres, receptivo para testificar sobre injusticias y justicias, sobre los olvidados y los enriquecidos, ese periodismo tan necesario que se erige en el sismógrafo de la salud de las democracias es la primera víctima de la represión cuando lo dictatorial entra en escena.

Alex Delgado y Yesenia Torres, periodistas de dilatada trayectoria en medios escritos y audiovisuales, allá para el 2018, cuando ambos eran reporteros de Noticentro, fueron objeto de una demanda por difamación interpuesta, por el fiscal Ildefonso Torres Rodríguez, en la que alegó que los periodistas habían manchado su nombre al atribuir a su persona sobornos a la AEE por las reparaciones y el restablecimiento de la energía tras el paso del huracán María. La investigación posterior concluyó que el fiscal solo había satisfecho pagos por reparación y que estos eran legales.

Sin embargo, el documento filtrado a los periodistas por una fuente desconocida, supuestamente perteneciente al NIE y elaborado por el propio Gobierno de Puerto Rico, daba cuenta de otras irregularidades, estas sí fuera de la ley, que involucraban a personal de la AEE y que, en algunos casos, fueron despedidos o suspendidos previo a la difusión del aludido documento.

Hasta la fecha de hoy, ni el NIE ni el Departamento de Justicia han demandado a Delgado y a Torres por revelar información confidencial comprometedora para los intereses o la seguridad de Puerto Rico. La demanda fue, pues, solo presentada, por el fiscal Torres, tras haber visto comprometida públicamente la dignidad de su nombre.

Y, aunque puedan haber cuestionamientos legítimos sobre cómo los periodistas manejaron y divulgaron la información, lo grave del caso, lo que realmente ha encendido la mecha de la desaprobación popular, es que tanto el Tribunal de Primera Instancia como el de Apelaciones fallaron a favor de requerir a los periodistas que revelen su fuente.

Y, en este punto, hemos llegado de nuevo al mensajero, a la petición de su cabeza, porque aunque resultó probado que algunos miembros de la AEE cometieron delito y fueron procesados por ello, lo que al parecer importa al fiscal y al tribunal es conocer quién reveló dicha información. El ser humano queriendo exhibir el plumaje del poder para condenar la osadía de que un mensajero, de momento anónimo, desvelara que el fiscal Torres también satisfizo pagos, legales según se investigó, a la AEE.

Pero si el periodismo ha mantenido su independencia, su influencia político-social, se debe, entre otras variables, a la preservación de la invisibilidad de las fuentes, a esa inviolabilidad que la naturaleza de contrapoder del periodismo otorga a los emisores originarios de la información. Delgado y Torres, en su ultranza de la defensa de su profesión, interpusieron, ante el Tribunal Supremo, a principios de enero de este mismo año, un recurso de “Certiorari” por el que solicitan que el alto tribunal revoque al de Apelaciones y no se vean obligados a revelar la identidad de la fuente.

En las regímenes totalitarios, lo primero que se amputa es la libertad de los medios y, por ende, la de los periodistas. De ese modo, los dictadores, algunos de ellos revestidos espuriamente con el barniz de la democracia, poseedores del control de la información, emiten una sola opinión, a través de una única línea editorial, que queda sin réplica al no haber persona alguna para disentir públicamente y, en consecuencia, se forja una opinión unidireccional que amasa y somete sociedades. No parece necesario nombrar a la China de Xi, a la Venezuela de Maduro, a los regímenes absolutistas de los países del Golfo Pérsico, a Corea del Norte y a algunos Estados africanos como antiejemplos de la libertad de prensa, pero la lista es tan larga como ominosa todavía en ese siglo XXI tan geométricamente evolucionado en sus comunicaciones.

La situación ha dado pie a que la ASPPRO se haya posicionado no solo en favor de Delgado y Torres y en defensa de la confidencialidad de la fuente, sino que ha aprovechado la coyuntura para solicitar la recuperación de los proyectos de ley que se han promovido en el pasado, para proteger las fuentes periodísticas, pero que han quedado varados en la Legislatura falto de apoyos institucionales, boicoteado incluso por algunos periodistas que se opusieron silenciosamente en la sombra.

Como país que se pretende avanzado, Puerto Rico necesita blindar su periodismo del potencial intrusismo interesado de cualesquiera órganos de poder a través de una Ley escudo que garantice, por igual, tanto el anonimato de las fuentes, como lo fidedigno de la información, como la evitación de bulos y fake news, como la libertad editorial de los periodistas. Sería buen momento para apoyar y adoptar legislación sobre este tema crucial para la democracia. De hecho, en días recientes, se han presentado tres proyectos de ley a tales fines, dos en el Senado y uno en la Cámara de Representantes.

Lo más valeroso del caso de Delgado, o quizá cabría calificarlo como romántico, o numantino, o consecuente es que éste ha manifestado reiteradas veces, ante diversos medios, que no piensa acatar la decisión del Tribunal Supremo si esta requiriese desvelar la fuente, en un ejercicio máximo de preservación de la deontología periodística. Asevera que afrontará cualquier pena o sanción económica derivada de la determinación. En el supuesto de que el Tribunal Supremo dictamine que debe revelarse el origen de la filtración, cabe advertir del riesgo que corre Puerto Rico de emular a los regímenes contrarios a la democracia y sumar la pérdida de credibilidad a la ya lacerada imagen de la Rama Judicial.

Si el primer mensajero lograra sobrevivir por Alex, los segundos en la cadena – el propio Alex y Yesenia- pudiesen sufrir la arbitrariedad del poder –en este caso, el judicial– cuando se rebelen contra él. Ya el Poder Ejecutivo tomó la decisión de no demandar ni presionar para que se divulgue la fuente.  Por ello, ante las dos determinaciones adversas por parte del Poder Judicial, y para evitar que soplen en Puerto Rico los vientos que circulan en las atmósferas de los diversos países con regímenes dictatoriales, soy de la opinión que corresponde al entramado legislativo puertorriqueño moverse a favor de la puridad y, en este contexto, la puridad entraña limpieza democrática en la medida que la prensa se sirve del anonimato del denunciante para sacar a la luz conductas contrarias a la Ley, uno de los múltiples fines del periodismo.

¡Qué pervivan los mensajeros que, amparados en un anonimato resultante del miedo a las represalias, desnudan las fallas del sistema!

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