El Tribunal Supremo de los Estados Unidos examina un recurso legal medioambiental que puede complicar la lucha del gobierno de Joe Biden contra el calentamiento global, según informaron medios internacionales.
Y es que, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) enfrenta un caso que evaluará la capacidad del gobierno federal para combatir la crisis climática.
De acuerdo al documento legal, el caso se centrará en la capacidad de regular las emisiones de gases en las centrales de carbón, las cuales están encargadas del 20% de la electricidad en Estados Unidos.
Este caso West Virginia v. EPA tiene implicaciones a la agenda climática del presidente estadounidense pues si la decisión llegase a favorecer a las compañías de carbón podría socavar una forma importante en que la administración proyectó reducir las emisiones.
La consejera general del Fondo de Defensa Ambiental, Vickie Patton, dijo a los medios estadounidenses que la decisión determinará el alcance de EPA sobre “una de las mayores fuentes de contaminación por dióxido de carbono del mundo”.
Los estados productores de energía, encabezados por West Virginia, y las empresas del carbón, argumentaron en su demanda que la política pública sobre el cambio de producción de energía a unas fuentes más limpias, energía solar y la eólica, debe ser establecida por el Congreso y nos por la EPA.
Actualmente, con este argumento los demandantes intentarán impugnar la sentencia de un tribunal federal de apelación que establece que la EPA puede dictar el tipo de normas a las que se oponen los demandantes.
Recientemente, el Departamento de Justicia de Biden aseguró que los estados y las compañías de carbón no pueden justificar su demanda porque no hay ninguna norma de contaminación en vigor. “Como parte de esa próxima normativa, la EPA examinará de nuevo el alcance de su autoridad”, dijo el departamento.
Esta lucha legal comenzó hace siete años, cuando la EPA, bajo el gobierno del expresidente Barack Obama, emitió un plan para reducir la contaminación por dióxido de carbono de las centrales eléctricas. Como parte del plan, les permitían a sus operadores obtener créditos por generar más energía de fuentes de menor emisión, como el gas natural o la energía solar o eólica.