Las recientes controversias relacionadas al juez Clarence Thomas exponen la necesidad de que ese alto foro tenga un código de ética, algo de lo que también adolece el Tribunal Supremo de Puerto Rico, dijo el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Guillermo Figueroa Prieto.
La esposa del juez Thomas, Virginia Thomas, ha sido vinculada al esfuerzo para impedir la juramentación de Joe Biden por una serie de mensajes de textos a un funcionario de la Casa Blanca de Donald Trump. El juez Thomas fue el único voto en contra a que se hicieran públicos los récords de la Casa Blanca para la investigación congresional a la insurrección del pasado 6 de enero.
“Todo juzgador debe tener unas reglas de conducta y en el caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos, como el de Puerto Rico, el problema es mayor porque no solo no tiene códigos de conducta, sino que la decisión de participar en un caso es exclusiva del juez, ni siquiera los demás jueces, ni siquiera el juez presidente o jueza presidenta en Puerto Rico pueden revisar la decisión del juez de participar o no participar”, dijo Figueroa Prieto, quien supervisa la Clínica de Ética y Responsabilidad Profesional de la UPR.
Se trata de una situación que, en opinión de Figueroa Prieto, “le deja demasiado poder a ese juez”.
“Nadie va a revisar su actuación, depende de él y de sus valores, y si fallan esos valores, falló el sistema”, sostuvo.
Ya hay un proyecto congresional radicado que busca atender esta problemática, y el profesor entiende que “hay ambiente” para un cambio de los jueces del Supremo, cuyos integrantes no están regidos por disposiciones que sí regulan a los otros jueces federales, recordó Figueroa Prieto.
En una ocasión previa, el protagonista fue el ya fallecido juez Antonin Scalia, quien se fue por dos semanas a Nuevo Orleans en el avión oficial del entonces vicepresidente Dick Cheney a una actividad de caza de patos, en momentos en que había un caso contra Cheney en su carácter personal ante el Supremo. Scalia no se recusó, alegando que no hablaron de esa demanda en su periodo de caza, lo que causó grandes reclamos en aquellos momentos en Estados Unidos, recordó el profesor de la UPR.
Un precedente en Puerto Rico de esa naturaleza ocurrió con el entonces juez Jorge Díaz Cruz, cuya recusación fue solicitada por un abogado en medio de un pleito contra la otrora Autoridad de Fuentes Fluviales, y se pedía que no participará en el pleito porque se sabía que era accionista de esa corporación pública. El juez no se inhibió, según el recuerdo de Figueroa Prieto.
El profesor dijo que quizá no se trate de un código de ética, pero sí de legislación que aclare en qué momentos procede la inhibición de un juez, aunque reconoció que podría haber alguien que cuestionara la constitucionalidad de que el poder legislativo trate de imponer regulaciones al poder judicial.
En la insurrección del 6 de enero un grupo de opositores al líder demócrata atacaron el Capitolio federal, en un incidente que causó destrucción, muertes, arrestos y cientos de acusaciones.