Cada cuatrienio, desde que existe la Junta de Supervisión Fiscal, el proceso de presupuesto es distinto. Sin embargo, este año la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) han realizado los ajustes pertinentes para trabajar con un proceso presupuestario distinto, tomando en consideración la aprobación del Plan de Ajuste (PDA).
La aprobación del PDA ocurrió el 18 de enero de 2022 por la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain, con el propósito de encaminar a Puerto Rico hacia el fin de la quiebra tras cinco años de negociaciones para garantizar, entre otras cosas, los fondos necesarios para que el gobierno cumpla con sus obligaciones.
El director de la OGP, Juan Carlos Blanco Urrutia, explicó en entrevista con Microjuris que, aunque cada agencia tiene su grupo de trabajo dedicado a establecer su presupuesto, todas trabajan en conjunto con el ente que dirige para garantizar que el presupuesto final cumpla con el Plan Fiscal.
“Este año hubo ciertas diferencias”, comenzó diciendo el licenciado durante una entrevista con Microjuris.
“Este intercambio de información típicamente se da simultáneo, o bien cercano, a cuando nos entregan el calendario de presupuesto en noviembre. Es importante notar que, los recaudos estimados que se tiene la Junta, surge de una información que tiene el Departamento de Hacienda. O sea, ya de por sí, el Gobierno le dio cierta información a la Junta, estrictamente desde el punto de vista de los recursos que ahora están disponibles. Ese primer archivo de gastos, la Junta nos lo envía. Corre la película hasta típicamente finales de enero, principios de febrero, donde el gobierno entonces tiene la responsabilidad de entregar a la Junta lo que es su primer borrador de la propuesta de presupuesto, que es básicamente coger los ‘targets’ que la Junta había enviado en semanas anteriores y determinar si hay alguna varianza o diferencia en cuanto a algo distinto que el gobierno quiera presentar como parte de una propuesta presupuestaria”, dijo Blanco Urrutia durante la entrevista.
Blanco Urrutia enfatizó en que la aprobación del Plan de Ajuste no solo alteró el calendario del proceso presupuestario, sino que cambió el acceso a la información de las agencias y las partidas asignadas al Gobierno central y agencias gubernamentales.
«Durante todo el proceso, por supuesto, existe un espacio para entrar en negociaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo», explicó Blanco Urrutia. Recientemente, la Junta señaló que el presupuesto presentado por el gobierno incumple sustancialmente con las disposiciones del Plan Fiscal.
«Así que tienen muchos pisos difíciles, o que potencialmente podrían ser difíciles, pues ya están con la Junta. Pues no necesariamente ni uno ni el otro va a poder marcar mucha diferencia, porque al final del día la Junta puede tomar su determinación independiente de nosotros, y rectificar un presupuesto sin que sea aprobado por la Legislatura o que sea firmado por el gobernador»,
El ente federal tiene hasta el martes, 10 de mayo para presentarle a la Asamblea Legislativa la versión final del presupuesto, pero la fecha se podría extender dependiendo de los señalamientos que se hagan durante el proceso. Se espera que el presupuesto pueda ser aprobado el jueves, 30 de junio de 2022.
Una mirada post Junta de Supervisión Fiscal
Para el funcionario es importante comenzar a trabajar en una visión de gobierno ante la salida del ente federal, y es que si el gobierno establece una serie de reformas reestructurales acorde con lo que se establece en el Plan Fiscal, es probable que la Junta esté tres años más en la isla.
“Tenemos que tener conciencia de trabajo, haber aprendido y no, no hay nada que nos libere de la responsabilidad de actuar como debe ser”, destacó.
La Junta cesará cuando Puerto Rico tenga acceso adecuado a los mercados de crédito a corto y largo plazo a tasas de interés razonables para satisfacer las necesidades de préstamo del Gobierno, lo que solo será posible una vez que el Estado Libre Asociado pueda reestructurar la totalidad de su deuda.
Además, Puerto Rico debe balancear su presupuesto durante al menos cuatro años fiscales consecutivos de acuerdo con los estándares modificados de contabilidad de valores devengados (Sec. 209 de PROMESA) antes de que cese la Junta. Un presupuesto balanceado incluye la emisión de pagos a la deuda reestructurada.
Cómo se aprueba el presupuesto, según Promesa
El Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act o Promesa, también creó en su Título II un proceso para la aprobación del presupuesto que le pasa el control a la Junta de Supervisión y Administración Financiera.
La parte inicial del proceso se da entre la junta fiscal y el gobernador en el cual el Ejecutivo le presenta propuestas de presupuesto al ente fiscal. Según la sección 201 (c), el proceso de establecer un presupuesto para el gobierno se tiene que dar después que la junta presenta un plan fiscal y ya en la sección 202 (b) se indica que la junta deberá proveer las proyecciones de recaudo para el año fiscal entrante.
Igualmente, la junta fiscal le entregará al gobernador y a la Legislatura las fechas límites para someter las propuestas de presupuesto y para la junta certificar el presupuesto para el año fiscal entrante.
«El Gobernador presentará a la Junta de Supervisión los presupuestos propuestos para el tiempo especificado en el aviso entregado según el inciso (a). En consulta con el Gobernador, de acuerdo con el proceso especificado en la notificación entregada bajo la subsección (a), la Junta de Supervisión determinará a su sola discreción si cada Presupuesto propuesto cumple con el Plan Fiscal aplicable», lee la sección 202 (c) (1) de Promesa.
Del ente fiscal no encontrar que la propuesta del gobernador ser cónsona con el plan fiscal, la junta enviará carta de «violación» indicado los cambios requeridos. De no hacer los cambios, la junta fiscal presentará un presupuesto revisado a la Legislatura y al gobernador.
Una vez en la Legislatura, según se establece en la sección 202 (d), comienza el proceso de nuevo, pero esta vez las discusiones se dan entre la Rama Legislativa y el ente fiscal. La Legislatura envía propuestas a la junta, si la junta fiscal está de acuerdo certifica el presupuesto, sino envía carta de violación indicando los cambios requeridos. La ley Promesa establece que, si para el día antes que comience el año fiscal, el 1 de julio, el gobierno no ha presentado una propuesta de presupuesto satisfactoria para la junta, esta presentará su propio presupuesto como el aprobado y certificado.
«Si el Gobernador y la Legislatura no desarrollan y aprueban un Presupuesto Territorial que sea un presupuesto en cumplimiento el día anterior al primer día del año fiscal para el cual se está desarrollando el Presupuesto Territorial, la Junta de Supervisión deberá presentar un Presupuesto al Gobernador y la Legislatura», lee la 202 (e) (3)
Luego continúa, «dicho Presupuesto: se considerará aprobado por el Gobernador y la Legislatura; sujeto a una certificación de cumplimiento emitida por la Junta de Supervisión al Gobernador y en pleno vigor y efecto a partir del primer día del año fiscal aplicable».
