El concepto de vivienda en Puerto Rico ha estado vinculado a través de los años al bienestar familiar y al desarrollo económico de la isla. Socialmente las viviendas han sido vistas como un símbolo de unión, experimentando en el proceso de construcción múltiples cambios generacionales.
Los cambios, específicamente, han estado atado a procesos regulatorios gubernamentales rigurosos para completar proyectos de viviendas, en comparación con los periodos ancestrales cuando muchas veces las construcciones eran completadas por los mismos integrantes de un núcleo familiar sin el requerimiento de permisos.
En la actualidad, para completar estos procesos se requieren permisos, equipos, recursos humanos, materiales y hasta relaciones institucionales, muchas veces de difícil acceso para las poblaciones vulnerables de la isla.
“El tema de la vivienda de parte del gobierno, no necesariamente está presente en nuestras políticas públicas, que están más dirigidas a pensar en que la vivienda la va a construir o a desarrollar un ente privado… Si ha habido en el pasado una mirada un poco más compleja en general”, destacó para Microjuris la planificadora Lyvia Rodríguez Del Valle, cofundadora de El Enjambre y pasada directora del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña.
Por su parte, el documento redactado por la Alianza de Ciudades, asociación global formada conjuntamente por el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas, destaca la informalidad como un concepto que ha sido abordada desde diferentes ángulos y ha sido objeto de diferentes argumentos. Cada argumento ha aportado ideas particulares sobre lo informal. En la ausencia de definiciones precisas, la investigación ofrece un enfoque para identificar y visualizar similitudes y diferencias en la comprensión de la informalidad.
“El tema de la titularidad es bastante complejo. Yo creo que al menos tenemos que preguntar, ¿titularidad para qué? ¿Para qué es la titularidad? ¿Qué se quiere lograr con eso? Entonces, no se debe pensar en la titularidad como un fin en sí porque también es problemático. Tú resuelves el problema de titularidad a través de una escritura de una familia, y tres años más abajo muere la persona. Entonces, te quedas de nuevo en el tema de la llamada informalidad porque no se resolvió el asunto de la sucesión”, argumentó Rodríguez del Valle.
Lamentó, a su vez, que estos procesos burocráticos impidan que las personas puedan resolver su situación. “Entonces es como este ciclo del que no podemos salir por la manera en que estamos abordando el asunto. Pero, además, la titularidad no tiene un impacto igual en aquellas comunidades empobrecidas, que en otros sectores de la sociedad”, abundó.
Contrario a lo que se conoce actualmente en la isla, la planificadora analizó varias alternativas, que se ajusten principalmente a las necesidades de cada comunidad.
“Por ejemplo, lo que se hizo en el Caño Martín Peña no necesariamente funciona en otras comunidades. Incluso, en Puerto Rico existen otras comunidades que han estado mirando su asunto de titularidad porque les ha resultado más práctico, y que no es necesariamente la titularidad individual. También, hay un asunto de complejidad sobre cómo construimos”, agregó.
Ejemplificó el modelo de las cooperativas de vivienda uruguayas como sistema de autogestión comunitaria. Este sistema, según explicó, reconoce la vivienda como un derecho, por lo que sus gobiernos tienen políticas públicas sobre el tema, así como programas para atender la situación.
“Esas iniciativas llevan más de 40 años por ahí dando vuelta y en prácticamente todos los países de Latinoamérica hay cooperativas de vivienda e incluso muchos países han adoptado como política pública promovida por las cooperativas de vivienda. Ellos reconocen que la vivienda es un derecho, se reconoce que las personas autoconstruyen su vivienda”, detalló.
Según datos suministrados por la Asociación de Constructores de Puerto Rico, a través de la isla se ha podido identificar que desde el 1999 se han construido alrededor de 75,000 viviendas dentro de los parámetros de la informalidad. Mientras, el 55% de las viviendas en la isla cuentan con algún rasgo de informalidad, que incluye remodelaciones, así como mejoras.
Mientras, de acuerdo con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), el 98% de las viviendas afectadas tras el huracán María en Puerto Rico fueron construidas sin seguir los códigos establecidos por el gobierno.
El planificador Luis García Pelatti durante entrevista con Microjuris coincidió con Rodríguez Del Valle sobre la necesidad de crear herramientas individualizas accesibles para las comunidades
“Tú tienes que tener un proyecto particular para la comunidad. La estrategia, por ejemplo, del Caño Martín Peña es buenísima, pero a lo mejor no es la misma para trabajar en otras comunidades. Yo creo que, lo primero, es tener una estrategia para la comunidad. Parte de lo que ha ocurrido es que no existen políticas dirigidas a estas comunidades, ni han establecido una estrategia en particular para trabajar con la vivienda informal”, expresó.
García Pelatti, además, destacó que las comunidades no están lo suficientemente visibilizadas, y muchas veces comunidades como las de Loíza recurren a soluciones temporales que no atienden la raíz del problema.
“La gran solución es reconocer que existen unas comunidades que necesitan unas herramientas para solucionar su problema de vivienda. Entonces, necesitan unas herramientas del Estado y de los municipios para atenderlo”, indicó.
Admitió que completar los procesos, como el de titularidad o segregación, son procedimientos complejos y pocos accesibles para las comunidades marginadas o pobres.
“Es necesario equilibrar el tema con trabajadores sociales y de apoyo. No hay manera que estas comunidades puedan salir a resolver sus problemas sin apoyo”, concluyó.