Ante la cruda realidad que enfrentan muchas personas al salir de prisión, como conseguir empleo o reintegrarse a la comunidad, la Oficina de Probatoria Federal de Puerto Rico actualmente ofrece servicios a sobre 3,300 convictos y convictas federales con el propósito de ayudarlos a conseguir un nuevo comienzo en sus vidas.
Luis O. Encarnación, director de la Oficina de Probatoria Federal de Puerto Rico, explicó para Microjuris que sobre 3,300 personas convictas federales y más de 800 personas acusadas de cargos criminales se encuentran bajo supervisión federal fuera de prisión, con cerca de 600 de ellas bajo el llamado grillete electrónico, pero recibiendo diversos programas para tratar de que no regresen a la cárcel.
Estos números se repiten anualmente, y en cientos de estos casos se detectan violaciones que pueden llevar a la revocación de la libertad condicionada o de fianza que tienen estas personas, indicaron Encarnación y el subdirector de la Oficina, Ray Rivera, en entrevista con Microjuris.
De igual forma, admitió que conseguir empleo es uno de sus problemas principales para una persona que sale de prisión. Para atender esto, Encarnación dijo que hay numerosos servicios para esta población- desde orientarla para preparar un resume, ayudarla con la vestimenta, realizar simulacros de entrevista, así como hay acuerdos con universidades, con organizaciones sin fines de lucro, con 33 municipios y agencias de gobierno, se contacta directamente a potenciales patronos.
Incluso, actualmente, hay un exconvicto, que fue contratado por la propia Oficina de Probatoria, siendo la segunda oficina en los 98 tribunales de distrito federal en dar ese paso.
“El trabajo es bien complejo en cada división, los informes presentencia, la supervisión que representa el día a día en las comunidades, tratando de cambiar patrones de conducta criminal y reconectar a ese individuo para que sea un ciudadano responsable”, sostuvo Encarnación. “Nos sentimos orgullosos desde que nuestro nicho aportamos en ayudar a mejorar a nuestro país”.
Estas 4,000 personas son parte del variado trabajo que hace la Oficina de Probatoria Federal en Puerto Rico, que comienza desde el momento del arresto, y la llegada de la persona detenida al Tribunal federal, hasta su excarcelación y el proceso de extinguir su sentencia, según los entrevistados.
Las tareas van desde orientar a los magistrados y magistradas sobre si una persona acusada de delito puede quedar libre bajo fianza (a nivel estatal la fianza es constitucionalmente para todas las personas imputadas, pero en el foro federal se evalúan factores como riesgo de fuga y peligrosidad), informar a los jueces el trasfondo social y médico de una persona convicta de delito para que tenga más o menos años de cárcel, y ayudar a la persona que sale de prisión a reintegrarse en la sociedad.
La Oficina de Probatoria Federal en Puerto Rico supervisa en la actualidad a unas 821 personas que están en libertad bajo fianza, y el 70% de ellas, o unas 574 personas, están con supervisión electrónica, o grillete electrónico.
Mientras, hay unas 3,362 personas que esta oficina supervisa luego de que cumplen su sentencia en la cárcel. En el foro federal, junto al tiempo de prisión, las autoridades federales imponen como parte de la sentencia un periodo de libertad supervisada, donde esa persona declarada culpable de un delito debe cumplir con ciertos requisitos que le impone la Oficina de Probatoria.
Muchas veces estas personas cometen violaciones a las condiciones de libertad, como llegar más tarde de la hora ordenada por el tribunal, o ausentarse a una prueba de dopaje, que se consideran técnicas.
Estas infracciones pueden ser menores o mayores, como ha sido que en los pasados cinco años unas 20 personas se han quitado el grillete, o la comisión de un nuevo acto criminal, como el uso de sustancias. Dependiendo de la evaluación que haga el personal de esa oficina, pueden conllevar que la persona regrese a prisión. Los entrevistados indicaron que en el pasado año fiscal se revocó la libertad a unas 276 personas.
Unas 117 personas trabajan actualmente en la Oficina de Probatoria Federal, con un bagaje profesional que va desde la abogacía, el magisterio, el trabajo social, psicología y consejería, incluso profesionales con grados doctorales. De esas, 86 personas se consideran agentes de ley y orden, dijo Rivera.
“Son dos sombreros, el del trabajador social y consejero, y el del policía que monitorea las condiciones”, dijo Rivera.
Pero parte de la misión de esta oficina es procurar que las personas que cumplen su sentencia en prisión no regresen a ella, y eso incluye una partida presupuestaria de $2 millones para tratamientos con medicación, de salud mental, y cualquier otra modalidad que sea de beneficio para la persona, dijeron los entrevistados.
“Me atrevo a decir que la oficina no es tímida en invertir el dinero necesario para ayudar a rehabilitar”, dijo Encarnación.
Además, tienen el programa Second Chance, que incluye iniciativas como el pago de renta, ropa, y hasta la matrícula de cursos vocacionales. En esta iniciativa se invirtieron recientemente $133,536.
“Incluye hasta borrar tatuajes. Le puedo poner un ejemplo, un muchacho que se había puesto el 666 encima de la ceja, y fue a varias entrevistas de lugares de cocina y los empleadores le dijeron que no por eso… y se pudo pagar las sesiones para que se eliminara (el tatuaje)”, sostuvo Rivera.
“Hemos reconocido a través de los años que definitivamente (conseguir empleos para una persona ex confinada) es uno de los obstáculos que enfrentan las personas y hemos tratado de atacar en distintas maneras”, sostuvo Encarnación.
