Puerto Rico podría recibir cientos de millones de dólares en fondos federales adicionales luego de que el presidente Joe Biden convirtiera en ley el proyecto llamado Acta para la Reducción de la Inflación.
El presidente Joe Biden divulgó, en sus redes sociales, que la ley firmada el martes ayuda a reducir los costos médicos en áreas como medicamentos controlados, ofrecer numerosos incentivos para fomentar la protección al ambiente, ya sea en áreas como compra de placas solares o adquirir beneficios contributivos de hasta $7,500 en autos eléctricos, pero también hay incentivos para crear miles de empleos en proyectos de energía con fuentes renovables como el viento.
Además, la legislación incluye un impuesto de 15% a grandes corporaciones, manteniendo la promesa de campaña de no aumentar impuestos federales a nadie que gana menos de $400 mil anuales, según las declaraciones del presidente. El impacto de esta nueva ley se estima en $740 mil millones.
La nueva ley representa buenas noticias para la Isla pero también plantea interrogantes, dijo Federico de Jesús, consultor en Washington DC y quien trabajó en la campaña presidencial de 2008 de Barack Obama.
Uno de los logros principales es que autoriza a Medicare a negociar los precios de medicina al por mayor y no como es en la actualidad, que es básicamente que el gobierno paga igual que un ciudadano, al detal, a pesar de comprar grandes cantidades. De Jesús recordó que esto era un reclamo demócrata por lo menos desde la época del presidente George W. Bush, hace ya casi 20 años. El efecto de esta medida será un menor costo para adquirir medicinas para el gobierno.
Pero además hay otra partida que promete ser de gran ayuda a los ciudadanos directamente y es que si una persona que adquiere medicinas dentro del programa de Medicare no pagará más de $2 mil anuales en medicinas, lo que puede representar ahorros directos de miles de dólares para algunas personas, contó de Jesús.
«Yo conozco a alguien me dice que ella paga $1,300 mensuales en medicinas así que imagínate cómo se beneficia», sostuvo el consultor.
En lo que tiene que ver con el clima, la nueva ley permitirá que personas que compren carros eléctricos desde el 2023 en adelante recibirán directamente en el punto de venta, no en incentivos sino en el precio de venta en el dealer, una reducción de $7,500.
Asimismo, hay una disposición en la nueva ley que provee descuento de 30% para equipo por parte del gobierno, ya sea estatal o municipal, así como organizaciones sin fines de lucro. Esto hará más económicas las iniciativas gubernamentales como poner placas solares en los techos de la gente, el establecimiento de microredes, o fomentar proyectos comunitarios de energía, compartió de Jesús.
También provee fondos para los llamados bancos verdes, que en el caso de Puerto Rico, podían oscilar entre los $50 millones y los $500 millones para el financiamiento de proyectos de energía renovable, afirmó. Ya en Puerto Rico existe la infraestructura en ley para canalizar estas iniciativas, esto a través del fideicomiso de energía verde en puerto gestado entre los senadores Eduardo Bhatia Gautier y Larry Seilhamer Rodríguez, y convertido en ley en el 2019 pero «ha estado inoperante por falta de fondos».
«Esas son las partes positivas», resaltó De Jesús.
¿Cuáles son las negativas?, se le preguntó.
«No diría que son negativas, pero se levanta interrogantes de cómo establecer el impuesto mínimo de 15% a las empresas que ganen más de $1,000 millones», indicó de Jesús.
Se trata de las particularidades contributivas de la Isla para no residentes, esto al amparo de la sección 933 del Código de Rentas Internas federal.
«Puerto Rico es el único lugar del mundo dónde se pueden mudar estadounidenses sin pagar impuestos», afirmó.
El asesor dijo que tiene conocimiento de que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha dicho que ya se ha legislado este tema, pero hay que ver cómo estos temas se sintonizan con la nueva ley federal.
«Hacienda va tener que negociar con el IRS (Servicio federal de Rentas Internas) como el impuesto a las foráneas, el cambio a la ley que menciona el presidente de la Cámara, como eso compagina con los parámetros de la nueva ley, y cómo compaginar que las empresas no se vayan y se lleven los empleos que generan y se pierda que los recaudos el gobierno, que depende en 20 a 25% de las foráneas», sostuvo.
