Ante las controversias sobre una ley de Florida y otra de Texas relacionadas con la libertad de expresión y las plataformas sociales digitales, el licenciado Carlos Chévere Lugo catalogó ambas legislaciones como peligrosas.
El abogado explicó que las leyes buscan limitar la manera en que las compañías privadas, que manejan las redes sociales, moderan la censura o la prohibición de contenido.
«Hay un choque de intereses porque estas plataformas sociales o compañías de tecnología son compañías privadas y como regla general, pues los derechos constitucionales son reclamados ante el Estado. […] Cuando uno crea una cuenta, uno firma unas políticas de comportamiento y si no sigues estas políticas de comportamiento te pueden censurar el contenido, te pueden suspender la cuenta«, indicó.
La ley de Florida (S.B. 7072), según Chévere Lugo, establece que las empresas adopten los mismos criterios en todas sus plataformas al eliminar una publicación o eliminar una cuenta de usuario. Además, comentó que crea unas clases protegidas como políticos, candidatos y los periodistas y como norma general ninguna plataforma social puede censurar ningún tipo de expresión o contenido de índole político.
«NetChoice y the Computer and Communications Industry Association demandaron cuestionando la constitucionalidad de la ley de Florida por violar el derecho a la libertad de expresión bajo la Primera Enmienda y es una coerción innecesaria de una expresión o lo que se conoce como ‘compelled expression'», agregó.
Por otro lado, mencionó que la ley de Texas (HB 20) no crea unas clases protegidas, pero prohíbe que cualquier contenido de índole político sea censurado sin que los manejadores de la plataforma demuestren que cumplieron con ciertos canales de respuesta o procedimiento.
«Es decir, cualquier contenido de índole político debe de permanecer en la plataforma y no puede ser removido. Esto lo que significa es que las ‘tech companies’ no pueden remover de sus plataformas ningún contenido legal de una tercera persona», dijo.
Diferentes conclusiones
Para Chévere Lugo, ambos casos reflejan dos intereses opuestos de las industrias de tecnología y algunos oficiales de gobierno que constantemente protagonizan disputas y tensiones que aumentaron y han ido aumentando desde que el expresidente Donald Trump ganó la presidencia.
«Soy de los que piensan que el lenguaje que adoptó el estado de Texas y Florida permitiría que las plataformas de redes sociales sean obligadas a expresar contenido y expresiones que en circunstancias normales o bajo sus políticas de comportamiento, no permitirían como por ejemplo contenido altamente violento, racista, crueldad animal, «self harm» o cualquier otro tipo de contenido que las plataformas de redes sociales normalmente censuran/remueven”, destacó.
Precisamente, el abogado compartió que ambas leyes fueron cuestionadas en diferentes Circuitos de Apelación, en donde jueces llegaron a conclusiones opuestas.
«En el quinto circuito, cuando se discutió en sus méritos, hace un mes el tribunal dijo que las corporaciones no tenían derecho a la libertad de expresión de poder regular, censurar o moderar el contenido que terceras personas publican en sus plataformas”.
Sin embargo, resaltó que el Undécimo Circuito de Apelaciones, que atiende Georgia, Alabama y Florida, tomó una decisión diferente de manera unánime. “Ellos fallaron a favor de NetChoice y las plataformas sociales”.
Chévere Lugo comentó que Florida y Texas mostraron el camino de cómo aprobar leyes estatales que limiten cómo una red social puede moderar el contenido de sus usuarios.
Asimismo, reiteró que los derechos constitucionales solo se pueden reclamar ante el Estado. «Las personas no tienen un derecho constitucional a expresarse en las redes sociales. Las plataformas sociales son entidades privadas que como los periódicos tienen un derecho constitucional bajo la primera enmienda a lo que se conoce como ‘editorial discretion'».
«En general, ambas leyes están basadas en el argumento de que los conservadores son los más perjudicados por estas políticas de las redes sociales. Ahora esas dos leyes van a ser examinadas por SCOTUS y SCOTUS determinará la constitucionalidad de las mismas», puntualizó.
