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La Legislatura dio paso al Proyecto de la Cámara 989 que propone nuevas enmiendas a la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 a los fines de establecer que cuando una acción penal resulte en una absolución, el imputado resulte exonerado o si la posibilidad que tiene el Estado para encausar al imputado de delito se extingue, se aplicará la doctrina de cosa juzgada y de impedimento colateral por sentencia en todo caso de confiscación relacionado a los mismos hechos.
En tales casos, el Tribunal ordenará la devolución del vehículo confiscado inmediatamente, siempre y cuando la sentencia del caso de naturaleza penal haya advenido final y firme
Impedimento colateral por sentencia es una figura del derecho civil que opera cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de una sentencia se dilucida y determina mediante sentencia válida y final y tal determinación es concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes, aunque estén envueltas causas de acción distintas.
Según surge de la exposición de motivos de la pieza legislativa, la Ley Uniforme de Confiscaciones, previo a las enmiendas introducidas por la Ley 287-2018, había sido objeto de distintas evaluaciones por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Al interpretar la misma, de forma consistente, dicho tribunal había reconocido la figura de cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral por sentencia.
Durante el cuatrienio 2013 al 2016, con la intención de incorporar los derechos previamente concedidos a los ciudadanos mediante jurisprudencia del Tribunal Supremo, la Legislatura aprobó el Proyecto de la Cámara 1433. El mismo tenía iguales propósitos a los establecidos en este proyecto de ley, pero sufrió un veto de bolsillo el 19 de diciembre de 2015.
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Posteriormente, se aprobó la Ley 287-2018 en la que se introdujo enmiendas Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 con el propósito de aclarar cuando procede la aplicación de la doctrina de impedimento colateral por sentencia.
Se afirma que al aprobarse, tuvo como resultado el dejar sin efecto las anteriores determinaciones del Tribunal Supremo que habían sido más liberales protegiendo los derechos de los ciudadanos, provocando un efecto contrario a lo que se pretende aprobar en esta medida para reestablecer la doctrina que había sido adoptada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en distintas circunstancias.
La Legislatura entendió que los derechos establecidos previamente por los distintos casos resueltos por el Tribunal Supremo, lejos de dejarse sin efecto, tal y como ocurrió al aprobarse la Ley 287-2018, deben de incorporarse nuevamente.
El Proyecto de la Cámara 989 pasa ahora a la consideración del gobernador Pedro Pierluisi para su aprobación o veto.
