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La Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes inició este pasado jueves, el proceso de vistas públicas sobre Proyecto de la Cámara 1489 que busca crear la «Carta de Derechos de Atletas Profesionales» con el propósito de crear protecciones, derechos y responsabilidades de quienes se desempeñan como atletas profesionales en Puerto Rico.
La medida, de la autoría de los representantes José Bernardo Márquez Reyes, José Pérez Cordero y el presidente de la Comisión, Eladio «Layito» Cardona Quiles, persigue establecer el derecho de estos deportistas a acudir a los tribunales a ventilar controversias legales, a ser representados por asociaciones para buscar mejoras para sus contratos, y a no ser discriminados ni ser objeto de represalias por expresarse o actuar conforme a sus derechos.
Asimismo, el proyecto reconocería el derecho de los atletas a pertenecer a una asociación de jugadores profesionales que impulse los mejores intereses de sus miembros.
A la audiencia pública compareció Sara Rosario, presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), el Lcdo. José Pérez, asesor de la división legal del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y la Lcda. Michelle González Tavárez, jugadora profesional de baloncesto.
Durante los trabajos, Rosario expresó su preocupación y levantó la bandera con lo que propone la legislación.
«Nos preocupa que esta medida, como se propone, tiene el potencial de crear confusión en la población y en el deporte, provocando probablemente la radicación de casos, que aun dentro de la propia ley no serían admisibles en el Tribunal por ser de jurisdicción deportiva. Además, pudiera dar la impresión de permitir acciones paralelas en ambas instancias, creando un desasosiego en los atletas y la población deportiva en general».
«Reconocemos la intención del proyecto en tanto el interés por garantizar los derechos de los atletas y otros funcionarios ante controversias surgidas, pero de igual manera está claramente evidenciado que el ordenamiento existente en el deporte, no le niega el derecho a ningún atleta, técnico y árbitro a acudir al foro judicial en reclamo de lo que allí entienda necesario», agregó.
De igual forma, Rosario enfatizó que apoya la medida, pero aclaró que el ejercicio de los derechos y la reivindicación de violación a los derechos fundamentales y civiles de los atletas profesionales y otros funcionarios, no son objeto de jurisdicción del Tribunal Apelativo y Arbitraje Deportivo (TAAD) y sí de los Tribunales, por lo que bajo el derecho actual es un derecho real vigente.
De otro lado, González Tavárez y también presidenta de la Asociación de Jugadoras de Baloncesto Profesional expuso que «este proyecto debe únicamente entenderse como una legislación para proteger los derechos a todo trabajador que labora dentro de este y que aún no tienen protección en reclamaciones judiciales como lo tienen trabajadores y contratistas en otros espacios. La autonomía deportiva, aunque necesaria, no debe ser utilizada como arma de opresión contra quienes se esfuerzan y se dedican a laborar dentro del deporte, así como tampoco un escudo absoluto que permita injusticias internas, que al final quien se ve afectado es el atleta profesional que depende económicamente de su trabajo en el deporte».
Asimismo, González Tavárez enfatizó sobre la importancia de realizar un proyecto que permita a los Tribunales en la Isla poder evaluar, revisar y proteger que no se violen derechos humanos, civiles y constitucionales a las personas trabajadoras dentro del deporte.
De igual forma, que los reglamentos se establezcan y se interpreten conforme a los derechos de cualquier otro ciudadano y cualquier otro espacio laboral.
