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La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó esta semana por unanimidad el Proyecto del Senado 487, para crear la «Ley de Recreación Inclusiva» con el fin de que todos los parques públicos propuestos a partir del próximo año fiscal deberán estar preparados para recibir personas con diversidad funcional.
El proyecto de ley, de la autoría de la senadora Migdalia González Arroyo, y que cuenta también con la coautoría del senador Ramón Ruiz Nieves, y de las senadoras Gretchen M. Hau Irizarry y Elizabeth Rosa Vélez, había recibido también apoyo unánime del Senado al ser aprobado el pasado año.
En la exposición de motivos la pieza legislativa establece que según los datos del Censo 2010 el 20% de la población puertorriqueña tiene algún tipo de diversidad funcional. El Departamento de Educación, en su portal cibernético, expone que durante el año académico 2019-2020, tenían registrados 103,318 estudiantes con diversidad funcional. El 21.3% de la población en Puerto Rico tiene diversidad funcional, siendo el 15.1% mayores de 18 años y 8.2 menores, aunque la cantidad podría ser mayor, según reveló la Encuesta de la Comunidad realizada por el Censo para el año 2016 en la isla.
La propuesta de nueva ley ordena al Departamento de Recreación y Deportes, a la Oficina de Protección y Defensa de las personas con impedimentos y los Municipios, la creación del Registro Especial de Facilidades Deportivas y Recreativas Inclusivas. El mismo, deberá identificar por municipio todos los parques y facilidades deportivas y recreativas inclusivas, siendo estas las que garanticen el uso y disfrute pleno por parte de las personas con diversidad funcional. De igual forma deben incluirse los programas deportivos o recreacionales adaptados a ese público, ya sean públicos o privados, que cumplan con la reglamentación relacionada a la American with Disabilities Act y con los Estándares Revisados para Diseños Accesibles (2010).
Ya que la Cámara de Representantes incluyó nuevas enmiendas al texto de la propuesta, la medida deberá regresar al Senado para que se concurra con las enmiendas o se configure un comité de conferencia para atender las diferencias.