¿Cuál es el proceso de remoción de un menor de su hogar?

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El proceso de remoción de un menor en Puerto Rico se lleva a cabo cuando existe una preocupación de que el niño o niña está en peligro de sufrir daño físico o emocional en el hogar actual.

El proceso comienza cuando el Departamento de la Familia (DF) acude al Tribunal de Primera Instancia para solicitar que se autorice la remoción luego de recibir una denuncia de abuso o negligencia infantil.

La remoción puede ser temporal o permanente, y se realiza con el objetivo de proteger al menor y garantizar su bienestar.

Según el procedimiento establecido en el Artículo 23 de la Ley Núm. 246-2011, se puede obtener la custodia de emergencia del menor o menores.

Lee la ley aquí.

La ley permite ordenar el retiro inmediato del hogar, donde una persona menor se encuentre y le retenga hasta un máximo de 72 horas sin acudir al Tribunal.

Luego de las 72 horas desde la remoción, la persona trabajadora social del Departamento de la Familia deberá llevar el caso ante un juez o una jueza.

Luego, se realiza una investigación para determinar si la denuncia es cierta y si el menor está en riesgo de sufrir daño físico o emocional.

Si se confirma que el menor está en riesgo, el Departamento de la Familia puede ordenar la remoción temporal o permanente del menor del hogar.

Reunificar al menor

De acuerdo con la ley, luego de la remoción de un menor de su hogar, cuando sea viable y se pueda garantizar la seguridad, bienestar y el mejor interés de los menores, el Departamento de la Familia hará esfuerzos razonables para reunificar al menor a la unidad familiar de donde fue removido.

«El personal del Departamento incorporará los recursos de apoyo de las personas, la familia y la comunidad, así como los recursos internos y externos del Departamento y otras agencias públicas y no gubernamentales, para mejorar las condiciones de vida de la familia que puedan poner en riesgo la vida y seguridad de un/a menor», reza la ley.

Plan de servicios

En los casos en que proceda hacer esfuerzos razonables, se debe establecer un plan de servicios que atendiera las necesidades específicas identificadas, así como la diligencia de la agencia en proveer los servicios y cualquier otro elemento que considere necesario el Tribunal.

Luego de que un menor haya sido removido de su hogar, se realizarán esfuerzos razonables para reunificar al menor con su familia por un período que no excederá de los seis meses.

Además, los servicios de apoyo continuarán luego de ubicado el menor de manera permanente.

No se harán esfuerzos razonables para reunir a un menor con su padre, madre o persona responsable cuando:

1. Los esfuerzos para cambiar el comportamiento del padre, de la madre o persona responsable del menor no han sido exitosos luego de seis meses de haberse iniciado el plan de servicios, según la evidencia presentada en el caso.
2. Cuando un padre, una madre o persona responsable ha manifestado no tener interés en la reunificación con el menor.
3. Cuando se certifique, por un profesional de la salud que el padre, la madre o persona responsable del menor sufre de una incapacidad o deficiencia mental de tal magnitud que le impide beneficiarse de los servicios de reunificación y no será capaz de atender adecuadamente el cuido del menor.
4. El menor ha sido removido del hogar con anterioridad y luego de haberse adjudicado la custodia del menor al padre, a la madre o persona responsable, el menor, un hermano/a o cualquier otro miembro del núcleo familiar es nuevamente removido por haber sido víctima de maltrato y/o por negligencia.
5. El padre y la madre han sido privados de la patria potestad respecto a otros de sus hijos y no han podido resolver los problemas que causaron la pérdida de la patria potestad.
6. Cuando el padre, la madre o persona responsable del o la menor que incurre en la conducta de la utilización de una persona menor  para la comisión del delito o en conducta o conductas que, de procesarse  por la vía criminal, configuraría cualesquiera de los siguientes delitos:  asesinato en primer grado o segundo grado, agresión grave o agresión  grave atenuada, agresión sexual, actos lascivos, comercio de personas  para actos sexuales, producción de pornografía infantil, posesión  y distribución de pornografía infantil, utilización de una persona menor para  pornografía infantil, envío, transportación, venta, distribución,  publicación, exhibición o posesión de material obsceno, espectáculos obscenos y exposición a menores de estos delitos, secuestro y secuestro agravado, abandono de menores, secuestro de menores, o corrupción  de menores, según establecido en el Código Penal.
7. Cuando el padre, la madre o persona responsable  de la persona menor que fuera coautor, encubriere o conspirare para cometer uno o varios de los delitos anteriormente mencionados.
8. Cuando el padre, la madre o persona responsable  de la persona menor incurre en conducta que, de procesarse por la vía criminal,  constituiría delito al ayudar, intentar, conspirar, solicitar o aconsejar  a la comisión de delitos que atentan contra la salud e integridad  física, mental, emocional de la persona menor.
9. Cuando el padre, la madre o persona responsable  del o la menor utiliza o insta al niño, niña o adolescente para que incurra  en conducta que, de procesarse por la vía criminal, constituiría delito  al ayudar, intentar, conspirar, encubrir, solicitar o aconsejar a  la comisión de los delitos establecidos en los incisos (f) y (h) de  esta sección.
10. El padre, la madre o persona responsable  del o la menor incurre en conducta obscena según definida en el Código Penal de Puerto Rico.
11. Cuando se certifique por un o una profesional de la salud que el padre y/o la madre o persona responsable de la persona menor  padece de un problema crónico de abuso de sustancias controladas que  impide que se pueda regresar la custodia del o de la menor a uno de estos  dentro de un período de 6 meses de haberse iniciado los procedimientos.
12. Cuando se determine que regresar al hogar no constituye el mejor bienestar del niño, niña o adolescente, o cuando los hechos demuestran  que el hogar no puede garantizar su seguridad y protección, o su estabilidad  emocional.
13. Cuando a la luz de la totalidad de las  circunstancias, el tribunal determine que la reunificación familiar  no resultará en el mejor bienestar para el o la menor.