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Aprueban legislación para prohibir ciertas enmiendas a contratos de empleo

La propuesta también incluye enmiendas relacionadas con los procedimientos de resolución de disputas y el arbitraje.

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El Senado aprobó en su sesión del 30 de mayo legislación que requiere consentimiento expreso de las personas empleadas para modificar ciertas cláusulas en contratos laborales.

El Proyecto del Senado 692, de la autoría de la senadora Ana I. Rivera Lassén y Rafel Bernabe Riefkohl, enmienda la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral para establecer que las modificaciones propuestas al contrato de empleo original y vigente, que tengan el efecto de restringir las alternativas del trabajador o trabajadora para presentar acciones contra su patrono, deberán incluir la opción de  conservar el pacto original. Ningún patrono podrá tomar represalias un empleado o empleada por ejercer dicha opción.

También se incluye lenguaje para disponer que será nula cualquier modificación a los contratos de empleo realizada por el patrono sin el consentimiento expreso del empleado o empleada que tengan el efecto de restringir las alternativas para presentar acciones contra su patrono. En este caso, los términos del contrato original continuarán vigentes.

Descarga la medida

El texto de la pieza legislativa reseña amplia jurisprudencia para discutir la naturaleza de los contratos de empleo en Puerto Rico y que los acuerdos contractuales en el marco de una relación obrera-patronal no deben ser modificados sin el consentimiento explícito de las partes involucradas. Sobre esto, la exposición de motivos destaca  la decisión del Tribunal Supremo en el caso Aponte Valentín y otros v. Pfizer Pharmaceuticals, que permite a los patronos variar unilateralmente los términos de un contrato laboral. Los autores afirman esto reduce los derechos laborales y trastoca el balance de las personas trabajadoras y los patronos, por lo  que las enmiendas propuestas corrigen esta situación.

La versión final de la medida también incluye enmiendas en torno a la imposición de procedimientos alternos de solución de disputas. Se afirma que así se armoniza el derecho de Puerto Rico a la jurisdicción federal, donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos prohibió la imposición de requisitos especiales a un contrato de arbitraje, más allá de los aplicables a cualquier otro contrato.

Descarga el informe positivo de la medida

La medida fue evaluada por la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado y aprobada en votación con 15 votos a favor y 9 votos en contra, con enmiendas adicionales en sala.  La propuesta legislativa pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes.

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