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Ante la discusión sobre el proyecto senatorial que busca atender el «desbalance en la ecuación» en los incentivos contributivos que tienen inversionistas extranjeros que se acogen a la Ley Núm. 60-2019 (antes Ley 22), Microjuris conversó con Carlos Fontán, director de la Oficina de Incentivos para Negocios del Departamento del Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
«Nosotros vemos con buenos ojos el marco del proyecto. Obviamente, hay que evaluar los detalles. Pero el asunto de que se les requiera una inversión y que hayan unas tasas preferentes, así como el concepto en general, se ve con buenos ojos», agregó Fontán.
Aunque Fontán puntualizó en que «las enmiendas deben ser evaluadas detenidamente«, de forma inmediata, indicó que no debe haber problemas con la facilidad para hacer negocios en Puerto Rico.
#FactCheck: «Ley 20/22», explicado por expertos
¿Cómo cambia el panorama con las enmiendas presentadas?
La medida propone dar paso a enmiendas que propicien un balance entre atraer individuos inversionistas a Puerto Rico, la creación directa de empleos, la inversión de capital y los recaudos del erario que puedan reinvertirse.
«Zaragoza presentó un proyecto para establecer unas tasas preferentes para que no estén totalmente exentas del pago de contribuciones por los dividendos y ganancias obtenidas (bajo la Ley 22)», explicó Fontán.
«Eso no afectaría a los decretos que ya se otorgaron porque hay que reconocer ese contrato que se materializó. Si esas enmiendas se aprueban, serían para solicitudes nuevas, que se evaluarán en su día», explicó el funcionario a preguntas de Microjuris.
El proyecto de ley, de igual forma, busca la inversión de más de $1 millón en un negocio activo para los beneficiarios de la anterior «Ley 22», y la creación de empleos como parte de su actividad empresarial. De igual forma, elimina el requisito de compra de residencia y los puertorriqueños que residen en Puerto Rico o el extranjero podrían cualificar.
«Si bien el estado de derecho actual ha permitido mejorar cierta actividad económica en la isla, resulta necesario realizar enmiendas que propicien un mejor balance entre el atraer individuos inversionistas a la isla, la creación directa de empleos, la inversión de capital en la isla y los recaudos del erario que puedan reinvertirse en una mejor calidad de vida para todos los puertorriqueños», reza el proyecto de ley.
La Ley Núm. 60-2019 consolida decenas de leyes de incentivos previamente aprobadas, armonizando y uniformando en lo más posible, incentivos contributivos aplicados a los ingresos, regalías, dividendos y distribución de intereses, y ganancias de capital.
Un estudio realizado para conocer la efectividad de la anterior Ley 20, para Fomentar la Exportación de Servicios, y anterior Ley 22 para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, destaca que entre 2012 y el 2017, el empleo total aumentó 3% -alrededor de 33,000 empleos- y la producción total un 2% -utilizando el índice de actividad económica-.
El estudio titulado The employment and output impact of the 2012 Acts 20, 22 and 273 utilizó métodos econométricos de inferencia causal.
¿Cuáles son los decretos existente?
«Estas leyes son totalmente distintas y ninguna tiene que ver con la otra. El 40% de los beneficiaros de la Ley 20 son empresarios puertorriqueños. Para que tengas una idea, se han aprobado alrededor de 3,700 decretos».
¿Cuál es la diferencia entre Ley 20 y Ley 22? ¿ Y qué es la Ley 60?
La Ley Núm. 20-2012 proveyó exenciones contributivas a corporaciones que exportaran servicios con el fin de «proveer el ambiente y las oportunidades adecuadas para desarrollar a Puerto Rico como un centro de servicios internacional, promover la permanencia y regreso de profesionales locales y atraer capital extranjero, fomentando así el desarrollo económico y mejoramiento social de Puerto Rico».
El nombre completo de la ley es «Ley para Fomentar la Exportación de Servicios».
La Ley Núm. 22-2012 concedió exenciones contributivas sobre ingreso, producto de inversiones, devengado por individuos que advengan residentes de Puerto Rico.
Se trató de una exención para personas. El nombre completo de la ley es «Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico». La ley establecía que concederían estas exenciones hasta el 31 de diciembre de 2035.
