Ínaru Nadia de la Fuente Díaz observa su certificado de nacimiento y se da cuenta de que algo no está correcto.
De la Fuente Díaz examina el certificado emitido por el Registro Demográfico del Departamento de Salud de Puerto Rico y nota que no existe la opción de marcar con una «X» en el campo de género, a diferencia de lo que ocurre en documentos oficiales como el pasaporte expedido por el Gobierno de Estados Unidos.
Ante esta situación que impacta a la comunidad no binaria en Puerto Rico, compuesta por personas que no se identifican exclusivamente como hombres o mujeres, De la Fuente Díaz y otras personas han interpuesto una demanda en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
En dicha demanda, solicitan que el Departamento de Salud sea ordenado a reconocer la posibilidad de reflejar su género de acuerdo a su identidad en los certificados de nacimiento.
En la demanda, que ha sido asignada a la jueza federal María Antongiorgi, se argumenta que esta práctica es inconstitucional debido a su carácter discriminatorio, por violar el principio de igual protección de las leyes y por atentar contra la dignidad inherente a todo ser humano.
Estos alegatos se basan en la presunta violación de la Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la Ley Federal de Derechos Civiles y la Constitución de Puerto Rico.
«Las personas no binarias en esta demanda nos sentimos positivas de que lograremos este cambio en el Registro Demográfico, pues tenemos al derecho y la jurisprudencia de nuestro lado», expresó Ínaru Nadia de la Fuente Díaz
Las otras personas demandantes son Maru Rosa Hernández, André Rodil, Yeivy Vélez Bartolomei, Gé Castro Cruz y Deni Juste, según se desprende de la demanda de 21 páginas con fecha del 30 de octubre. La demanda pide una sentencia declaratoria y un interdicto a favor de los demandantes, y que se le paguen honorarios a sus abogados, entre otros remedios.
La demanda resalta que mediante otro caso judicial, Arroyo v. Rosselló, en 2018 la entonces jueza Carmen Consuelo Vargas de Cerezo ordenó al Registro Demográfico que cambiara el género que aparece en el certificado de nacimiento a las personas que así lo solicitaran.
Sin embargo, «el registro no enmendó el formulario para incluir todas las posibilidades de género, por el contrario, mantuvo un sistema binario masculino/femenino».
«Cientos de miles de estadounidenses tienen una identidad de género que no es masculino o femenino», explica el recurso legal.
La demanda relata que el pasado 5 de julio el grupo Amnistía Internacional solicitó una enmienda al formulario del registro y dos meses después, la directora del registro, Wanda Llovet, sostuvo que carecía de una orden judicial o acción legislativa para esta solicitud.
La demanda fue anunciada hoy en conferencia de prensa, donde varios de los demandantes se expresaron.
«Luchar porque tengamos un marcador de género como la «X» es una decisión que se toma desde el deseo de que generaciones futuras puedan crecer siendo quienes verdaderamente son. En mí está el usar mi propia vivencia para poder ayudarles a descubrirse y conocerse desde etapas tempranas. Es por esto que estoy dispueste a hacer lo que sea necesario para que estas generaciones futuras vivan sin los típicos cuestionamientos que se nos hacen: ¿Quién eres? ¿Por qué eres? Merecemos ser sin que se nos cuestione quiénes somos. Para que así vivamos felices y autónomos», argumentó Rosa Hernández, co-fundadore de Closet Cuir, artista multidisciplinarie y gestore comunitarie.
Además, André Rodil, gestore cultural y demandante, entiende que «es necesario que las oficinas gubernamentales reconozcan nuestras identidades como legítimas tal y como lo hace el gobierno federal».
Asimismo, la abogada que llevó el pleito expresó su parecer al respecto.
«Se siguen abriendo los espacios de reconocimiento y respeto de la integridad de las personas en Puerto Rico y hacer valer la Constitución cuando dice que todo individuo en Puerto Rico tiene derecho a que se le reconozca y se le respete la dignidad humana», sostuvo la abogada que presentó el recurso, Johanna Emmanuelli Huertas.
«Este caso refleja dos cosas: primero que Puerto Rico está un poco atrás en término del reconocimiento de la profundidad genérica que puede abarcar el ser humano y número dos, que el hecho de que las agencias gubernamentales y funcionarios al tomar el cargo juramentan cumplir la Constitución, no [significa que] entienden que la Constitución requiere que no discriminemos por sexo, por género. No debería haber escollos mayores, como los hay», sostuvo.
Mientras, Liza M. Gallardo, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, dijo que el derecho es claro a favor de esta comunidad.
«El rol de Amnistía Internacional siempre es y será acompañar a las personas defensoras de derechos humanos a que se garanticen esos derechos, particularmente cuando son víctimas del Estado que no les reconoce su dignidad humana. Vemos con muy buenos ojos la radicación de esta demanda y que vamos a lograr que se obligue al Departamento de Salud a que se haga el cambio en el registro», sostuvo.