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Al cierre de la sexta sesión ordinaria, la Legislatura dio paso a la aprobación de la Ley para el Beneficio del Retirado Gubernamental, a los fines de proveer a todo empleado retirado del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico un 25% de descuento en la compra del comprobante de Rentas Internas requerido para solicitar la tarjeta de identificación oficial emitida por el gobierno.
Además, se enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico a los fines de que la identificación emitida al retirado gubernamental cumpla con los dispuesto por el Real ID Act.
El Proyecto del Senado 57, de la autoría del senador Thomas Rivera Schatz, busca brindar una alternativa de identificación a un costo módico para los pensionados gubernamentales y también tendría el propósito de uniformar oficialmente una identificación a ser emitida por el gobierno para que pueda ser utilizada por aquellos pensionados que por alguna u otra razón no poseen alguna identificación válida.
Con la aprobación de la medida, se establece que toda persona retirada del gobierno que no posea licencia de conducir tenga derecho a una tarjeta de identificación que será expedida por el Departamento de Transportación y Obras Públicas y que cumplirá con lo dispuesto por el Real ID Act.
La vigencia de la tarjeta de identificación para todo retirado del gobierno será de ocho años, siempre y cuando no sea suspendida o revocada.
La persona retirada deberá presentar una certificación al momento de presentar la solicitud de la tarjeta de identificación al Departamento, la cual deberá ser emitida por el Sistema de Retiro certificando que es retirado del gobierno.
De igual forma, se dispone que la persona retirada del gobierno que no tenga una identificación válida, tendrá derecho a reclamar una reducción de 25% de descuento al obtener el comprobante de Rentas Internas que se requiere para la obtención de la tarjeta de identificación expedida en formato Real Id.
La reducción establecida no se aplicará en cualquier otro comprobante necesario, ni en casos de pérdida o robo.
Estatus: La medida fue aprobada por ambos cuerpos legislativos y ahora pasa a la consideración del gobernador Pedro Pierluisi para su firma o veto.
