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El Senado aprobó en su sesión del 4 de abril el establecimiento de la Ley Habilitadora para Implementar el Plan de Alerta AZUL a los fines de contar con un mecanismo que facilite la búsqueda y captura de sospechosos de amenazar, gravemente herir o matar a policías o funcionarios del orden público en el cumplimiento de su deber o que también facilite la búsqueda y recuperación de aquellos policías y funcionarios del orden público desaparecidos en conexión con sus deberes oficiales.
El Proyecto del Senado 1404, de la autoría del senador Carmelo J. Ríos, fue aprobado con enmiendas en sala y un informe positivo de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano.
El autor de la medida expone que en mayo del año 2015, tras un fatal incidente que implicó el fallecimiento en el cumplimiento del deber de 2 oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Alerta Azul Nacional Rafael Ramos y Wenjian Liu de 2015. Este sistema de alerta es un sistema voluntario a nivel nacional para alertar amenazas contra los policías.
Se informa que entre los años 2019 y 2023, más de 13 agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico fallecieron en el cumplimiento de sus funciones al verse involucrados en tiroteos o enfrentamientos armados con criminales, según surge de los datos de División de Estadísticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico.
La Alerta AZUL busca implementar en Puerto Rico un sistema de prevención igual que otros sistemas ya empleados en Puerto Rico, como lo son el Plan Alerta Ashanti, Alerta Silver, Alerta Amber, Alerta Mayra Elías, y Alerta Rosa. Se afirma que la isla cuenta con una plataforma capaz de transmitir de forma rápida y efectiva cualquier señal de emergencia evitando fatalidades de oficiales de ley y ciudadanos por igual.
El Negociado evaluará si las circunstancias que rodean el posible secuestro o desaparición de la persona indican que esta se encuentra en peligro de muerte o de recibir grave daño corporal, y determinará si activar la Alerta puede poner en mayor riesgo a la persona. En los casos que así lo amerite, el Negociado realizará una alerta pública.
Luego de la votación final del pleno del Senado, el proyecto de ley pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes.
