El licenciado Luis Enrique Romero Nieves, profesor de derecho internacional público de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, comentó que la reciente iniciativa en México de elegir a todos sus jueces mediante un proceso electoral es una forma en que esa sociedad decidió atender la problemática de corrupción que estaba afectando al país.
Sin embargo, aseguró que aún es temprano para saber su efectividad y no es un mecanismo que puede necesariamente aplicarse en otros países.
Es la primera vez en la historia de México que se celebra este tipo de votación, en la que los ciudadanos podían elegir con su voto a casi 1,000 jueces, incluyendo a los de la Corte Suprema. La votación se celebró el pasado 1 de junio como parte de una reforma judicial que dejó encaminada el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La participación rondó el 13%, según diversos medios.
Romero Nieves dijo que la participación denota un respaldo de la ciudadanía a este tipo de mecanismo. Tratándose de una reforma hay que ver en qué medida el pueblo la va a apoyar. «La participación electoral aparentemente ha demostrado que el pueblo la ha aceptado positivamente», aseguró el catedrático.
Añadió que no conoce de otros países que hayan elegido a la totalidad de sus jueces mediante voto popular, como lo acaba de hacer México. Otros países usan un modelo mixto, donde algunos jueces se eligen por voto y otros por nombramiento del ejecutivo.
«Aquí hay dos formas de acercarse: cada sistema constitucional define la forma y manera en que las ramas de gobierno van a constituirse, de ahí viene la palabra constitución. El rol de las constituciones es darle vida al gobierno, crear la estructura del gobierno y delegarle estructuras a cada una de esas instituciones, y cada sistema dependiendo de su realidad histórica y su cultura jurídica decide cuáles posiciones son electas y cuáles no. Por ejemplo, en Puerto Rico, la posición de fiscal de distrito la nombra el ejecutivo y le da el consejo y consentimiento el Senado, pero eso no es así en gran parte de Estados Unidos. El fiscal hace campaña para votación», sostuvo Romero Nieves.
«Entonces, ¿es un juez electo un funcionario político, que se debe al escrutinio popular y no al derecho? Eso es un planteamiento. Y, el otro: ¿es mejor que sea elegido, si su rol se justifica pues que la sociedad lo juzgue con el voto y la sociedad determina quién es apto y quién no es apto para un juez? Esas son dos caras de una moneda”, cuestionó.
Lo ideal, dijo el abogado, es que en cualquiera de los escenarios la decisión de quien sea juez sea por mérito.
Según Romero Nieves, lo que movió el cambio en el proceso de México fue la corrupción que imperaba en sectores de la judicatura.
«Aquí había debate sobre cómo la corrupción se insertaba en el poder judicial. Segundo, se hablaba de que había un problema de independencia judicial [porque] los jueces responden con fidelidad a quien le designaba. Se plantea el proceso eleccionario como un proceso que independiza a la rama, se elige por la fuerza (el electorado) que lo eligió y no por el nominador. Tanto en el nombramiento político, como en la elección directa, comparando el sistema nuestro hay grandes fallas si el mérito no existe», explicó.
«La gran pregunta es qué sistema es mejor, y cuál funciona para nosotros. Si usted me pregunta a mí, y si mi opinión tiene algo de pertinencia, todo el sistema debería tener un sistema de evaluación de méritos, que la judicatura sea una carrera, y que eso no depende puramente de la intervención puramente política ni puramente electoral», manifestó Romero.
Esa propuesta se ha hecho en el pasado: que entidades como universidades y organizaciones como el Colegio de Abogados y Abogadas hagan una preselección de abogados capacitados para ser jueces, y que de esa “terna” el gobernador o gobernadora haga la selección de jueces. E idealmente, un candidato a juez debería tener estudios especializados para ser juez, parte de lo que llaman carrera judicial.