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La Gobernadora de Puerto Rico firmó la Ley Núm. 155-2026, que impone obligatoriamente la pena de restitución por enriquecimiento ilícito cuando se use información pública para beneficios personales. Esta ley enmienda el Código Penal, estableciendo penas fijas y eliminando la discreción judicial en casos específicos, garantizando compensación a las víctimas.
Se incorporan dentro del concepto de imagen las representaciones audiovisuales, auditivas y multimedia creadas mediante algoritmos o modelos de inteligencia artificial.
Se incorpora una cláusula transitoria que regula la transferencia de querellas activas ante el DACO.
La Ley Núm. 153-2026 comenzará a regir 6 meses después de su aprobación.
Esta nueva ley aclara expresamente que dicha ayuda cubrirá la totalidad del costo de la matrícula para su cónyuge supérstite que permanezca en estado de viudez, así como para los hijos menores de 21 años, y aquellos de hasta 25 años que aún estén cursando estudios postsecundarios.
Se incorpora el derecho de los trabajadores a recuperar las costas del litigio, luego de éstos prevalecer en reclamaciones laborales tramitadas bajo el procedimiento sumario.