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El pedido central de ACLU, similar al que se presentó a nivel estatal, es que la ley establece una fecha de cierre de registro del 6 de octubre, que es distinta a la que impuso reglamentariamente la CEE del 21 de septiembre.
Para hoy la decisión del caso federal sobre la fecha de cierre del registro electoral.
La jurisprudencia reconoce el derecho a la libertad de expresión, incluso para grupos, y establece que no hay límites en cuanto a lo que una persona o grupo puede gastar en publicidad política, siempre y cuando no coordine con ningún partido.
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También se resalta la falta de presupuesto y personal en la CEE, que incluye que las JIP se redujeron de 110 a 12 en todo Puerto Rico
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