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Este caso aborda una serie de desafíos legales sobre la constitucionalidad de la Ley de Drogas en el Mar, específicamente en cuanto a la jurisdicción sobre delitos cometidos en embarcaciones que no son propiedad de EE. UU. y cuya nacionalidad no está claramente definida.
Se incluye suspensión de licencia de conducir o navegación.
Se propone recobro de gastos de las autoridades en casos de temeridad, además de la multa o sanción que pueda imponerse por el tribunal.
El Proyecto de la Cámara 1800 busca enmendar la Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico, a los fines de definir lo que constituye una embarcación o vehículo de navegación abandonada y establecer un procedimiento para la disposición de estas embarcaciones y darle herramientas a los pescadores para que puedan apropiarse de éstas.
Para el 2022, se identificaron unas 112 embarcaciones abandonadas en aguas de Puerto Rico.
Se establece un procedimiento uniforme para las pruebas de concentración de alcohol, incluyendo la prueba inicial de aliento y la detección e identificación de sustancias controladas en los operadores de embarcaciones o vehículos acuáticos.