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La gobernadora Jenniffer González Colón firmó un proyecto de ley para enmendar la Ley de Navegación y Seguridad Acuática, permitiendo al DRNA extender temporalmente los permisos de navegación cuando el NVDC no pueda emitir certificados debido a situaciones extraordinarias. Esto busca evitar sanciones a propietarios y apoyar la economía costera.
El proyecto de ley surge para atender situaciones extraordinarias, como cierres del Gobierno federal («shutdown»), desastres naturales, emergencias de salud pública o interrupciones tecnológicas.
Este caso aborda una serie de desafíos legales sobre la constitucionalidad de la Ley de Drogas en el Mar, específicamente en cuanto a la jurisdicción sobre delitos cometidos en embarcaciones que no son propiedad de EE. UU. y cuya nacionalidad no está claramente definida.
Se incluye suspensión de licencia de conducir o navegación.
Se propone recobro de gastos de las autoridades en casos de temeridad, además de la multa o sanción que pueda imponerse por el tribunal.
El Proyecto de la Cámara 1800 busca enmendar la Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico, a los fines de definir lo que constituye una embarcación o vehículo de navegación abandonada y establecer un procedimiento para la disposición de estas embarcaciones y darle herramientas a los pescadores para que puedan apropiarse de éstas.