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El acuerdo entre el Poder Judicial y la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico beneficiaría a personas en estado de indigencia con casos en las regiones judiciales de Bayamón, Caguas, Carolina y San Juan.
Las personas podrán presentar solicitudes de órdenes de protección, de ingreso involuntario por salud mental y otros asuntos urgentes de competencia municipal de manera electrónica.
El Poder Judicial se mantiene monitoreando sus dependencias y atenderá cualquier situación relacionada con el servicio eléctrico según las particularidades de cada caso.
Las labores de las Salas de Investigaciones continuarán en horario regular desde los centros judiciales alrededor de la isla.
El Tribunal Supremo también anunció, debido a la emergencia, la extensión de los términos que vencían hoy.
Mediante carta enviada hoy por la presidenta del CAAPR, Daisy Calcaño López, a la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez, se expresa que el avance de ómicron está causando gran preocupación entre la clase letrada del país.