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3 de mayo de 2013: El Colegio de Abogados y Abogadas (CAPR) rechazó algunas de las nuevas propuestas gubernamentales para cuadrar el presupuesto y la imposición de IVU a la profesión legal ya que el mismo “tendrá un impacto negativo en el acceso a la justicia para las personas de escasos recursos, se encarecerían los servicios legales a la ciudadanía, se afectarán los aspectos administrativos de los abogados y abogadas en la práctica privada y tendrá consecuencias nefastas en la economía en general por las alteraciones negativas en el modo de hacer negocios”.
Proyectos de ley de referencia:
– Proyecto del Senado 507 del 10 de abril de 2013 (*.PDF)
– Proyecto del Senado 544 del 29 de abril de 2013 (*.PDF)
– Proyecto de la Cámara 1073 del 29 de abril de 2013 (*.PDF)
La Lcda. Ana Irma Rivera Lassén, presidenta del CAPR, en compañía de la Lcda. Wanda Rivera, presidenta de la Comisión de Derecho Contributivo del CAPR y, además, contable pública autorizada, expresaron en el día de hoy que “muchas de las medidas se están promoviendo porque el gobierno no ha podido desarrollar e implantar medidas de fiscalización. No es que faltan impuestos; es que falta fiscalización y captación adecuada. El resultado final es penalizar a los que cumplen y, en el caso de los abogados y abogadas del país, el Colegio, que es el gremio que les representa, tiene que velar porque no se afecte la práctica de su profesión”.
La presidenta del CAPR explicó que el costo administrativo de las entidades dedicadas a servicios profesionales designados va a aumentar porque, distinto a lo que se requiere ahora, la profesional o el profesional afectado tendrá que establecer los medios para cobrar el IVU, emitir los recibos para IVU Loto, radicar mensualmente su planilla de IVU y remitir el pago correspondiente. “Esto aumentará, indudablemente, el costo administrativo de llevar la profesión, lo que podría redundar en un aumento en sus tarifas, que a la larga va a aumentar las tarifas que se cobren por sus servicios. Encarecer servicios legales no se puede ver como otra cosa que un impedimento al acceso de la ciudadanía a la justicia”, recalcó.
También expresó la presidenta del CAPR que el impacto en los negocios es importante porque el efecto mayor de estos proyectos es encarecer los servicios legales (y profesionales en general) a los negocios pequeños y negocios nuevos. “Ese mensaje”, enfatizó, “es contradictorio con la política pública anunciada de esta administración de creación de empleos: se quiere crear empleos, pero están encareciendo el costo de comenzar una oficina legal o un negocio, o de operarlo”.
Por su parte, la Lcda. Wanda Rivera indicó que otro aspecto negativo para los pequeños y medianos negocios es la propuesta de eliminar los certificados de revendedor. “Para un negocio pequeño, la sincronización (“timing”) entre pagar IVU y luego cobrarlo para tener un crédito puede ser mortal en el escenario económico actual en que los comercios están bastante apretados económicamente y, desde el punto de vista de flujo de efectivo, puede ser la diferencia entre sobrevivir o no”. También manifestó su preocupación por la inclusión de una imposición de 2% sobre el ingreso bruto de personas que trabajan por cuenta propia (sea servicios o venta de productos) cuyo volumen de negocios exceda $200,000. “Es como si estuvieran imponiendo una patente estatal”.
Ambas letradas manifestaron su inquietud sobre otras áreas de las propuestas presentadas por el Gobernador porque aumentan los costos de operación de los negocios, que en última instancia los va a terminar pagando el público consumidor:
- Imposición de impuesto de 20% a los servicios adquiridos a afiliadas que operan fuera de Puerto Rico
- Eliminación de exención a instituciones de educación superior, las que, a la larga, van a pasarles ese costo adicional a los y las estudiantes mediante cuotas o aumento en costo de matrícula.
- La eliminación de exenciones a hospitales que operan como entidades sin fines de lucro que, invariablemente, van a tener que pasar ese costo a la ciudadanía mediante aumento en tarifas de hospital. Todo el mundo se queja del alto costo de los servicios médicos y esta movida los va a aumentar en un 6.5%.
- La eliminación de exención sobre alquiler comercial, que ahora también va a incluir alquiler de autos.
- La moratoria sobre el uso de créditos contributivos otorgados.
“Aun cuando se proponen ciertas medidas (en la manera de créditos al revendedor, y mantener la exención a individuos), entendemos que se puede hacer más”, expresó la presidenta del CAPR; y amplió, “debe ser política pública de nuestro país velar por los intereses de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas pero, en particular, por aquellos grupos marginados y más necesitados. Es por esta razón que, si se vislumbra un alza en costos para los y las comerciantes y un alza en los costos de los consumidores y consumidoras, se deben modificar las propuestas para atender este impacto en los pequeños y pequeñas comerciantes y en los trabajadores y trabajadoras de bajos recursos, ya sea mediante mecanismos de crédito, de deducción o de otro vehículo que atienda esta necesidad”.
También la Lcda. Rivera Lassén subrayó que, “aunque el gobierno quiere, mediante el P. del S. 544 allegar fondos al fisco sin que se cargue aún más a la clase trabajadora, el resultado va a ser opuesto a lo que se pretende. Entendemos que, más que un camino de imposición, la administración debe seguir un paso de mayor fiscalización y pedirnos a la comunidad de profesionales que ayudemos a desarrollar maneras o sistemas bajos los cuales se pueda ayudar a mejorar la situación económica del país, como puede ser lograr una mayor captación del IVU que se ha impuesto bajo el código actual”.
Nos preocupa grandemente, como Colegio que vela por el acceso a la justicia, el que se impacte significativamente a las personas que están en la práctica privada, ya que son precisamente también las y los abogados de oficio y probono. Las oficinas legales pequeñas y de un solo abogado o abogada están recibiendo el impacto de la situación económica del país ya que es menor también la cantidad de personas que pueden pagar servicios legales privados. Las entidades que dan servicios legales gratuitos cada vez tienen menos fondos también, pero la necesidad del pueblo por representación legal está ahí y eso se revierte a los y las abogadas en la práctica privada. El acceso a la justicia para el pueblo tiene que incluir la garantía de las mejores condiciones para la práctica de la profesión y eso incluye que no se siga encareciendo el ofrecer los servicios legales.
1 de mayo de 2013: El Colegio de Abogados de Puerto Rico comunicó hoy a sus Presidencias de Delegaciones y Comisiones y a su matrícula matrícula en general acerca de tres proyectos de ley que disponen para la eliminación de la exención del cobro del IVU a algunos servicios profesionales.
Del comunicado:
Recientemente se presentaron en la Cámara de Representantes y en el Senado de Puerto Rico tres proyectos de ley que disponen para la eliminación de la exención del cobro del IVU a algunos servicios profesionales. Hay preocupación de que los mismos puedan afectar los servicios que prestamos las abogadas y los abogados y que también puedan presentar un problema de acceso a la justicia para aquellos ciudadanos y ciudadanas a quienes brindamos servicios.
El Colegio ha estado atento a tales proyectos de ley y estamos preparándonos, en coordinación con nuestra Comisión de Derecho Contributivo, para presentar una postura fundamentada sobre el tema del IVU y sus implicaciones en el ejercicio de nuestra profesión. Próximamente estaremos distribuyendo un comunicado de prensa expresándonos al respecto y tomaremos cualquier otra acción que entendamos pertinente referente al asunto. El Colegio, siempre atento a proteger y representar los intereses de los abogados y abogadas del país, también les quiere exhortar a que examinen los proyectos de ley, cuyas referencias listamos a continuación, y a que nos hagan llegar a la atención de la Presidencia sus inquietudes y comentarios.
A continuación, la referencia a los proyectos de ley:
• Proyecto del Senado 507 del 10 de abril de 2013 (*.PDF)
• Proyecto del Senado 544 del 29 de abril de 2013 (*.PDF)
• Proyecto de la Cámara 1073 del 29 de abril de 2013 (*.PDF)
Ana Irma Rivera Lassén
Presidenta