La Portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, María de Lourdes Santiago, presentó ayer nuevamente una medida dirigida a enfrentar la alarmante tasa de cesáreas en Puerto Rico.
“Según las estadísticas más recientes del Departamento de Salud, el 46.3 por ciento de los partos en nuestro país se hacen mediante cesárea; en el 2007 se llegó a un 49.2 por ciento de nacimientos por la vía quirúrgica. La tasa recomendada por la Organización Mundial de la Salud es de un diez a un quince por ciento. En el caso de las cesáreas hechas a mujeres puertorriqueñas, hay otro dato especialmente alarmante: se estima que el 55.5 por ciento de esas intervenciones quirúrgicas no tienen ninguna justificación médica, y el 77 por ciento de las mujeres sometidas a esa cirugía nunca presentaron factores de riesgo en sus embarazos.”, expresó la legisladora independentista.
“Todo apunta a que muchas cesáreas sólo responden a la conveniencia de los proveedores de servicio de salud, que dictan fecha y hora para los nacimientos de los niños, y que reciben además el beneficio de los costos adicionales de una cesárea, que requiere más días de hospitalización para la madre, más medicamentos, y podrían presentar complicaciones por cuyo tratamiento también se cobraría”, añadió Santiago Negrón.
El P. del S. 680 obligaría a tod@s l@s obstetras a rendir informes trimestrales sobre el número de cesáreas que realizan, en los que se especifique el nivel de riesgo de los alumbramientos atendidos y las justificaciones para las inducciones y las cesáreas. Los informes deben ser sometidos a través de toda instalación en Puerto Rico en la cual se realicen partos, y serían publicadas en las páginas cibernéticas del Departamento de Salud y de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. De esta forma, indica la Senadora Santiago, las mujeres tienen acceso al tipo de práctica del médico que escogerán para que las asistan en el nacimiento de su hijo. Se propicia además un sistema de comparación entre pares. Estos elementos contribuirían a que los obstetras utilicen criterios clínicos y no de conveniencia personal, y que disminuyan las llamadas “inne–cesáreas”.
En el 2008 se aprobó por unanimidad en ambas cámaras legislativas un proyecto similar –P. del S. 2407 – de la legisladora del PIP, que el entonces gobernador, Aníbal Acevedo Vilá vetó. “En aquel momento Fortaleza le dio más peso al cabildeo de los médicos que al derecho de las mujeres y los niños. Esperamos que esas actitudes hayan cambiado”, concluyó la Senadora.