El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) asignó $9 millones a varias agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro para promover la prevención y el control del crimen, la retención de fiscales y defensores públicos, mejoras a los laboratorios forenses, tratamientos para el abuso de sustancias controladas, más servicios y compensación para víctimas de crímenes, informó el Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi.
DOJ le otorgó sobre $5.4 millones al programa de Asistencia a Víctimas del Crimen (VOCA, en inglés). El programa apoya a las organizaciones comunitarias que buscan asistir directamente a las víctimas de maltrato de menores, violencia doméstica, abuso sexual, maltrato a personas de la tercera edad, robo, agresión y terrorismo, así como a los sobrevivientes de familiares asesinados y a víctimas de accidentes causados por conductores intoxicados. También, bajo su Fórmula de Compensación para Víctimas, VOCA busca proveer asistencia económica e incrementar los pagos de compensación para las víctimas elegibles.
Asimismo, se otorgaron casi $3 millones al Departamento de Justicia de Puerto Rico bajo el programa Edward Byrne Memorial Justice. El programa busca brindar apoyo a los agentes de ley y orden, los fiscales y los tribunales en la Isla, optimizar los sistemas de investigación y procesamiento criminal, y ayudar a proveer rehabilitación y alternativas al encarcelamiento en el caso de delincuentes juveniles y adultos que son usuarios de drogas.
Además, este programa apoya y establece iniciativas de prevención contra el crimen, compensación a víctimas y testigos del crimen, y para técnicas forenses de investigación y análisis de evidencia ante crímenes violentos en la Isla. Los fondos promueven una coordinación efectiva e integrada dentro del sistema de justicia criminal y juvenil para atender casos de violencia doméstica, delitos sexuales, y abuso de niños y personas de tercera edad.
Por su parte, el Instituto de Ciencias Forenses recibió más de $672 mil por parte de DOJ para reducir el retraso en cuanto a las pruebas y los análisis de DNA e incrementar la rapidez y productividad de los laboratorios criminales.
Por otro lado, el programa Residential Substance Abuse Treatment for State Prisoners le asignó $99 mil en fondos federales al Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico para desarrollar e implementar programas de tratamientos para abuso de sustancias controladas y adicciones en las cárceles.
De igual manera, el Departamento de Justicia de Puerto Rico recibirá unos $57 mil adicionales por parte del programa John R. Justice. Este programa motiva a abogados cualificados a escoger carreras como fiscales y defensores públicos. Además, al permanecer en sus cargos de servicio público por más de tres años, los mismos reciben asistencia para pagar sus préstamos estudiantiles.
Puerto Rico estaba excluido del programa John R. Justice hasta el 2011.