La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) reaccionó la semana pasada a la noticia de la ejecución fallida de Clayton Lockett, a quien le fuera administrada una inyección letal con un cóctel de drogas no identificadas el pasado martes. Locket murió varias horas después de lo esperado, producto de un ataque al corazón, luego de que la inyección administrada no surtiera los efectos esperados.
La ACLU en Oklahoma pidió una investigación completa y abierta sobre la ejecución. Además, exigió una moratoria inmediata a todas las ejecuciones, en espera del resultado de la investigación. La organización exigió transparencia total y completa sobre el proceso de ejecución en Oklahoma que antes había sido cuestionado en los tribunales infructuosamente.
«En la prisa de Oklahoma para llevar a cabo un experimento científico en dos hombres detrás de un velo de secreto, nuestro estado se ha deshonrado a sí mismo ante la nación y el mundo. El mayor poder que cualquier gobierno tiene sobre una persona es tomar la vida de esa persona. Más que cualquier otro poder, el ejercicio del poder de matar debe ser acompañado por el debido proceso y la transparencia. Esta noche vimos lo que sucede cuando permitimos que el gobierno actúe en secreto en su momento más poderoso y las consecuencias del debido proceso de negociación de posturas políticas. Esto es no se trata de si estos dos hombres son culpables, que no está en disputa lo contrario, sino que se trata de si confiamos en el gobierno lo suficiente como para que pueda matar a sus ciudadanos, incluso a los culpables, en un proceso secreto», explicó Ryan Kiesel, director ejecutivo de la ACLU de Oklahoma.
Por otra parte, Brady Henderson, Director Jurídico de la ACLU en Oklahoma, expresó tener esperanzas de que los tribunales reconsideren lo necesaria que es la transparencia acerca de los medicamentos que se utilizan en las ejecuciones como una cuestión de derecho.
“Después de esta noche, no hay duda alguna de que hay fallas fundamentales en nuestro proceso de ejecución. Es importante recordar que el Estado de Oklahoma sigue negando peticiones relativamente simples de los condenados para averiguar acerca de los medicamentos que se utilizarán para matarlos. Existen serias preocupaciones sobre el proceso de inyección letal a la luz de más y más ejecuciones fallidas realizadas con medicamentos cuestionables de fuentes cuestionables, y una ley de Oklahoma ahora prohíbe a los reclusos (y todos los demás) de acceder a información importante y necesaria para garantizar el cumplimiento de la Constitución. En otras palabras, se pone un velo de secreto sobre una de las más graves de las funciones del gobierno que mata a sus propios ciudadanos”.
Clayton Lockett, de 38 años, violó y asesinó a una mujer de 19 años por lo que debía ser ejecutado con una inyección letal. Sin embargo, durante una de las inyecciones le estalló una vena.
Un funcionario de la prisión ordenó que se detuviera la ejecución tres minutos después de administrada la inyección, al constatar «el fracaso de la intravenosa».
Pocos minutos después de administrar la inyección, el detenido inició un estado de sufrimiento, se agitaba y su cuerpo temblaba. Clayton también emitía gruñidos y pronunciaba palabras incomprensibles mientras luchaba por respirar. Así estuvo durante 43 minutos hasta que un paro cardíaco lo llevó a la muerte.
Las autoridades judiciales de Oklahoma explicaron que los químicos administrados no actuaron como debieron que uno de ellos no llegó a entrar en el torrente sanguíneo del reo.