- La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el Proyecto del Senado 1096, creando la Ley del Poder Judicial y derogando la Ley 201-2003.
- La Jueza Presidenta Maite D. Oronoz Rodríguez manifestó profundo rechazo por preocupaciones constitucionales y operacionales ante la redistribución de autoridad administrativa.
- El Tribunal Supremo examinará la ley, evaluará consecuencias y alternativas jurídicas, y defenderá la independencia, continuidad de servicios y capacidad de respuesta judicial.
La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el Proyecto del Senado 1096, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que establece la Ley del Poder Judicial de Puerto Rico.
La medida deroga la Ley Núm. 201-2003, conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y enmienda otras leyes.
Expresiones autorizadas de la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez
La Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, autoriza las siguientes expresiones sobre la firma del Proyecto del Senado 1096 por la Gobernadora de Puerto Rico:
«Lamento profundamente la decisión de la Gobernadora de firmar el Proyecto del Senado 1096. Durante el trámite legislativo y ante la propia Gobernadora, expusimos las serias preocupaciones constitucionales y operacionales que suscita esta medida. Pese a ello, el proyecto se convierte en ley sin que se hayan atendido los cuestionamientos fundamentales sobre la estructura y el funcionamiento de nuestros tribunales.
La nueva legislación redistribuye la autoridad para tomar decisiones esenciales en la administración judicial, sin alterar la responsabilidad que nuestra Constitución le asigna a la Presidencia del Tribunal Supremo. Este desajuste entre la facultad de tomar decisiones y la obligación de responder por sus consecuencias plantea serias interrogantes sobre la dirección administrativa y la capacidad de respuesta del sistema judicial.
No estamos ante un asunto meramente organizacional. Administrar los tribunales requiere tomar decisiones oportunas sobre recursos, personal y servicios en las distintas regiones judiciales. Nos preocupa que los cambios aprobados introduzcan incertidumbre en estos procesos y afecten la capacidad institucional de atender las necesidades de las personas que acuden a nuestros tribunales.
Ante este nuevo escenario, continuaré cumpliendo con firmeza y responsabilidad los deberes que me impone la Constitución. Asimismo, seguiré trabajando junto a mis compañeros jueces asociados y a toda la judicatura, con quienes comparto el compromiso de servir al país y garantizar el buen funcionamiento de nuestros tribunales.
Desde la Presidencia, examinaremos con rigor y seriedad el alcance de esta legislación, sus consecuencias para la administración de los tribunales y las alternativas jurídicas e institucionales disponibles para atender los cuestionamientos planteados.
Seguiremos defendiendo la independencia individual y organizacional de los tribunales, la continuidad de los servicios y la capacidad de respuesta de los tribunales a las necesidades del Puerto Rico de hoy. Ese compromiso trasciende a quienes ocupamos hoy los cargos públicos y protege a cada persona que acude al sistema de justicia».
