El Departamento de Justicia federal anunció la semana pasada un acuerdo histórico en donde atendió lo que se denunció como una discriminación “generalizada y sistémica» por el Law School Admission Council (LSAC), organización sin fines de lucro que administra la Law School Admission Test (LSAT).
Pero, ¿qué es lo que hizo la organización que discrimina contra algún sector? Precisamente, cumplir con un acuerdo anterior que atendía la misma preocupación. El acuerdo, que data del año 2002, proveía pautas específicas. No obstante, en 2012, el Departamento de Justicia federal demandó nuevamente, acusando a la organización de negar acomodos especiales a estudiantes discapacitados y notificando a las escuelas de derecho cuando los estudiantes toman más tiempo al recibir el examen.
El caso es un ejemplo clásico de regulación por medio de litigio, cuando una agencia federal logra sus objetivos con los abogados en lugar de realizar vistas públicas u otorgar notificaciones. También debería hacer reflexionar a los bancos como Credit Suisse y otras empresas que están negociando la oleada actual de acuerdos de consentimiento que incluyen códigos detallados de conducta, monitores designados por el gobierno y por el estilo.
El Departamento de Empleo y Vivienda Justa de California cimentó su caso en base a las quejas de tres estudiantes que luego se expandió a 38 estudiantes. California demandó en 2012 en nombre de 17 de los denunciantes, acusando al LSAC, de fallar en no proveer acomodo razonable a estudiantes bajo la Ley ADA y afectando las posibilidades de que fueran aceptados en escuelas de Derecho, al notificarle a las escuelas que tomaron más tiempo al realizar el examen.
La organización negó que violara la Ley ADA y en cambio declaró que le provee acomodo a 1,000 estudiantes discapacitados anualmente. En Powell v. Nat’l Bd. of Med. Examiners, el Segundo Circuito sostuvo que la Junta de Admisión de una Facultad de Medicina no violó la ley al exigir la documentación de la discapacidad del estudiante. Esos requisitos aseguran que las personas con discapacidades bona fide reciban los acomodos y que personas que no tienen discapacidades, no tomen los acomodos que no les corresponden, y que podrían darles una ventaja injusta”, expresó el fallo del Tribunal.
En virtud del acuerdo con el gobierno, LSAC bajó los estándares para ofrecer a los estudiantes del LSAT más del doble del tiempo para realizar la prueba. El tiempo extra les será otorgado si tienen el acomodo razonable en alguna otra prueba. Si no hubieran tomado alguna prueba antes, deben proveer documentación de un profesional médico cualificado y evidencia substancial de su actividad diaria física.
LSAC también acordó el parar de notificar a las escuelas sobre los acomodos razonables, aunque la organización explicó que esto se hacía por el mejor interés de los estudiantes.
Por su parte, el presidente de la American Bar Association (ABA), James R. Silkenat, realizó unas declaraciones posteriores al nuevo acuerdo. Un sistema legal no puede otorgar justicia si existen barreras intencionales o no intencionales que prohíban la plena participación de los abogados, los funcionarios judiciales y miembros del público con discapacidades. La ABA abogó durante mucho tiempo, por leyes y políticas para proporcionar una amplia gama de acomodos razonables en nuestras instituciones jurídicas.
El proceso de examen de admisión utilizado por la mayoría de las escuelas de Derecho de los Estados Unidos plantea obstáculos a la participación plena de las personas con discapacidad que tienen la esperanza de unirse a la profesión de la abogacía. Si es acordado por el tribunal, el decreto de consentimiento con el Law School Admission Council, anunciado por el Departamento de Justicia federal, ayudará a asegurar que nuestro sistema legal está abierto a todos, al exigir una serie de reformas valiosas de las políticas de alojamiento que implican al LSAT.