La organización Humanistas Seculares de Puerto Rico presentó en la tarde del viernes una querella ante la Comisión de Derechos Civiles por los bloqueos de fe que realizó la Policía Municipal de Santa Isabel el 31 de enero de 2015 y la Policía Municipal de Barceloneta el 1 de julio de 2015 en coordinación con las respectivas alcaldías y Oficinas de Base de Fe.
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“Los llamados bloqueos de fe, enfrentan varios señalamientos de inconstitucionalidad e ilegalidad, entre los que se encuentran las disposiciones sobre la completa separación de iglesia y estado, la libertad de culto y la prohibición de establecimiento de la religión, además del derecho a la libertad, intimidad y la protección contra registros y allanamientos irrazonables”, expresó la Lcda. Mariana Nogales Molinelli. “No tan sólo infringen disposiciones constitucionales sino que están en contravención a la normativa de bloqueos de tránsito establecida en la Orden General de la Policía de Puerto Rico 2010-6 y la jurisprudencia”.
La Orden General de la Policía de Puerto Rico 2010-6, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR BLOQUEOS DE CARRETERAS establece a tenor con lo dictaminado por nuestro Tribunal Supremo en Pueblo v. Yip Berríos, 142 D.P.R. 386 (1997) que se debe establecer el bloqueo en un lugar visible y con la existencia de avisos a una distancia razonable, que interfiera mínimamente con el tránsito, que la detención del vehículo sea razonable y que se garanticen los derechos constitucionales. Además, la Policía Municipal debe informar a la Policía Estatal de la necesidad de realizar un bloqueo, solicitar permiso al Superintendente, presentar un informe con el resultado de las intervenciones. Y lo más importante: que el propósito del bloqueo esté relacionado con la ley de tránsito en cuanto a detectar conductores ebrios o bajo la influencia de sustancias, vehículos hurtados, se utilice para verificar documentos, y evitar la evasión de personas con órdenes de arresto, entre otros.
“Tenemos serias preocupaciones con estos bloqueos de fe, debido a la utilización de recursos gubernamentales en asuntos que no le competen y para adelantar la religión” indicó Luis R. Ramos, Vicepresidente de la organización. “Estaremos refiriendo próximamente estos casos a la auditoría de la Oficina del Contralor. Nuestros miembros han expresado la inquietud del problema que representaría para ellos y para personas no cristianas el que se les detenga por medio de un agente del orden público para rezar. ¿Cuál sería la reacción del policía municipal si la persona indica que es atea o es musulmán o budista? ¿Se les obligaría a rezar? ¿Se vería compelida la persona a rezar por miedo a acciones adversas en su contra? Recordemos que es un policía quien detiene y quien de ordinario tiene la facultad para hacerlo, sin embargo no puede detener a nadie en un bloqueo para obligarlo a rezar”, concluyó.
La organización está buscando personas que tengan conocimiento directo de estos bloqueos ya sea que hayan sido detenidos o que presenciaron el bloqueo a los fines de colaborar con la investigación.