Declara una amnistía general de 60 días para que toda persona que posea un arma de fuego o municiones obtenidas de manera ilegal, pueda entregarlas voluntariamente a la Policía de PR, sin repercusiones legales.
Dispone que el Superintendente podrá designar a las instituciones sin fines de lucro o de base de fe interesadas en participar en la recolección durante la vigencia de la amnistía.
Lea la Ley completa: [Ley Núm. 34-2012] del 20 de enero de 2012.