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Destacó la importancia de abordar el tema del suicidio como un asunto de salud pública que requiere la colaboración de agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y la comunidad en general.
Buscan uniformar los protocolos de respuesta ante maltrato infantil en agencias gubernamentales.
Buscan garantizar que los ciudadanos puedan convivir en paz y que se respeten los derechos de cada individuo en el espacio público.
Las enmiendas al proceso de solicitud de fondos buscan garantizar un proceso de evaluación más justo y transparente.
Se afirma que, aunque los cuidadores informales realizan una contribución social y sacrificio personal incuestionable, esta población ha sido desatendida.
La asignación de fondos legislativos para impacto comunitario asciende a $20 millones.