- PRBA solicita a la gobernadora Jenniffer González Colón vetar el Proyecto del Senado 1096 por afectar la independencia del Poder Judicial.
- La propuesta transferiría autoridad administrativa del(a) Juez(a) Presidente(a) al pleno del Tribunal Supremo, cambio que la PRBA considera inconstitucional.
- La asociación concuerda con 115 profesores de derecho sobre riesgos de fragmentación administrativa, menor rendición de cuentas e influencia política.
- PRBA invoca vínculos con la diáspora puertorriqueña en Nueva York y pide un examen exhaustivo antes de cualquier reforma.
La Puerto Rican Bar Association (PRBA), organización de profesionales de la abogacía con sede en Nueva York, solicitó a la gobernadora Jenniffer González Colón que vete el Proyecto del Senado 1096, al sostener que la medida propone cambios en la gobernanza y administración del Poder Judicial de Puerto Rico que comprometen su independencia constitucional.
La carta, fechada el 1 de noviembre de 2026 y suscrita por Lillian Mosley, presidenta de la PRBA para el periodo 2026–2028, plantea que la propuesta legislativa transferiría una parte importante de la autoridad administrativa del(a) Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo al pleno de ese tribunal. A juicio de la asociación, una modificación de esa naturaleza requiere una enmienda constitucional y no puede efectuarse mediante legislación ordinaria.
“La independencia judicial no es un privilegio institucional que se otorga a los jueces; es una protección fundamental que pertenece al pueblo”, expresó la organización en la misiva.
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Preocupaciones sobre la estructura constitucional
La PRBA fundamentó su oposición en la distinción que, según expone en la carta, establece el Artículo V, Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico entre la facultad del Tribunal Supremo para aprobar normas sobre la administración de los tribunales y la responsabilidad del Juez Presidente de dirigir esa administración.
Para la asociación, esa distribución de funciones responde a un diseño constitucional dirigido a promover la independencia institucional, la rendición de cuentas y el funcionamiento eficiente de los tribunales. Por ello, sostuvo que la redistribución de esas responsabilidades plantea interrogantes sobre la separación de poderes y los límites de la facultad legislativa para modificar atribuciones expresamente asignadas por la Constitución.
“Una alteración fundamental de la estructura de gobernanza constitucional del poder judicial no puede realizarse mediante legislación ordinaria cuando lo que se requiere es una enmienda constitucional”, afirmó la PRBA.
La organización también manifestó su solidaridad con los 115 profesores de derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico y la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico que, según la carta, han planteado preocupaciones constitucionales sobre la medida.
La PRBA indicó que comparte los señalamientos del profesorado sobre el riesgo de crear una estructura administrativa fragmentada, reducir la rendición de cuentas y exponer la gobernanza interna del Poder Judicial a una mayor influencia política.
Un vínculo entre Nueva York y Puerto Rico
La PRBA explicó que su intervención responde a los vínculos históricos, culturales, familiares y profesionales que unen a sus integrantes y a la diáspora puertorriqueña en Nueva York con Puerto Rico.
“La integridad del sistema judicial de Puerto Rico no es meramente una preocupación local; es una cuestión de principio constitucional compartido y responsabilidad colectiva”, expresó.
La carta concluye con un llamado a la gobernadora a vetar el Proyecto del Senado 1096 y apoyar un examen exhaustivo de cualquier reforma propuesta al sistema judicial puertorriqueño.
Fundada en 1957, la Asociación de Abogados Puertorriqueños (Puerto Rican Bar Association, PRBA) apoya a profesionales de la abogacía comprometidos con la comunidad puertorriqueña en el estado de Nueva York y promueve una mayor representación latina en la profesión y la judicatura. Mediante mentorías, becas, desarrollo profesional e iniciativas comunitarias y educativas, trabaja por la igualdad de oportunidades y la representación en el sistema de justicia.
La organización también mantiene vínculos con la comunidad jurídica de Puerto Rico y admite como miembros asociados a abogados autorizados a ejercer en la isla.
