Ley propone que confinados de 60 años o más salgan antes de cumplir condenas

Ley propone que confinados de 60 años o más salgan antes de cumplir condenasSegún un proyecto aprobado por el Senado esta semana, los confinados mayores de 60 años que cumplan ciertas condiciones podrían abandonar la cárcel antes de cumplir con sus sentencias.

El Proyecto en cuestión es el 487, de la autoría de los senadores Miguel Pereira y Carmelo Ríos, quienes resaltaron que el propósito del mismo es reducir los gastos del gobierno en el sistema penal, impulsar una política salubrista entre la población geriátrica carcelario y reducir el hacinamiento carcelario.

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El proyecto de ley añadiría un subinciso al Artículo 3 de la “Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra” para establecer las condiciones que deben cumplir los potenciales beneficiarios, y establecer ciertos límites a la nueva normativa.

Para beneficiarse de esta ley, los reos de entre 60 y 64 años de edad tienen que haber cumplido, al menos diez años de su sentencia, los de 65 años o más deben haber extinguido un mínimo de cinco años de su pena. Además, deben haber observado buena conducta en la prisión.

Según estudios, que el Gobierno invierte anualmente cerca de $37,000 por cada confinado. No obstante el gasto podría escalar a $100,000 por razón de los confinados de mayor edad debido a los gastos médicos en los que hay que incurrir.

No podrán beneficiarse de esta ley los confinados que cumplan condenas por los delitos de asesinato, secuestro de menores, agresión sexual, incesto, genocidio o crímenes de lesa humanidad, distribución de sustancias controladas a menores de 18 años, utilización de un menor para pornografía infantil, o una persona que sea un reincidente en la modalidad agravada, según dispone el Código Penal.

“Mientras aumenta la edad de estos convictos, los estudios demuestran que disminuye su peligrosidad, por lo que permitírsele cumplir el restante de su deuda con la sociedad fuera de una institución carcelaria mediante el beneficio de libertad bajo palabra no representaría un alto riesgo a la seguridad de la comunidad”, argumentó Pereira, mientras leía el informe que recomendó la aprobación de la medida.

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